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El candidato a la presidencia del Estado por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, reveló este miércoles una investigación denominada “Las Contrataciones Directas: facilitando la corrupción”, que detalla los  Decretos Supremos promulgados en los 13 años de gobierno de Evo Morales, que autorizan las contrataciones directas con total discrecionalidad y arbitrariedad.

Del mismo modo, anunció la presentación de un Proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, para evitar y combatir la corrupción en las adquisiciones estatales.

Caso Odebrecht, OAS, CAMC y otros

“En la gestión del gobierno de Evo Morales las contrataciones directas se han convertido en la regla general y las licitaciones las han dejado para los gobiernos subnacionales… por eso, nosotros creemos que si hay una Ley de Contrataciones Públicas no va a haber esta arbitrariedad, no va a haber esta discrecionalidad y va a ser uno de los mecanismos más efectivos de lucha contra la corrupción. Hubiéramos evitado casos como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, CAMC; el caso  Lava Jato, que ya afecta a cuatro gestiones de gobierno que están siendo investigadas. Queremos hacer un verdadero cambio y esperamos que esta ley sea una de las primeras leyes que aprobemos en la próxima gestión de gobierno”, indicó Ortiz.

El candidato presidencial por Bolivia Dice No explicó que la investigación realizada en su rol fiscalizador pudo identificar 107 normas, 94 Decretos Supremos y 13 leyes,  aprobadas durante los casi 14 años del gobierno de Evo Morales que permiten las contrataciones directas, facilitando la discrecionalidad y la arbitrariedad en las contrataciones públicas, especialmente desde el nivel central del gobierno.

“Queremos hacer notar que, de los 94 decretos supremos, solo 31 indican el monto que se está autorizando; en los otros 63 decretos no se especifica el monto, se da básicamente una autorización sin límite para poder desarrollar estas contrataciones directas”, denunció Ortiz.

Agregó que los 31 decretos supremos que indican el monto superan los Bs 10 mil millones; en los otros 63 decretos los montos son mayores y se está sumando en base a los contratos finales para conocer con exactitud el dinero gastado por el Estado, que con seguridad alcanza a decenas de millones de bolivianos contratados de forma directa bajo esta el amparo de los decretos  supremos y leyes.

Del mismo modo,  el legislador Demócrata explicó que, en varias ocasiones, un mismo decreto supremo fue utilizado en reiteradas oportunidades para realizar diversas contrataciones directas, como sucede con las contrataciones de la UPRE o lo que pasó con la contratación de la planta de Polipropileno, que superaba los 14 mil millones de bolivianos.

“Varios de estos decretos han sido utilizados reiteradamente  para facilitar distintas contrataciones directas, como el caso de la UPRE que pueden superar los mil millones de dólares o el teleférico que también supera los mil millones de dólares; bajo una contratación directa se había autorizado la contratación de la fábrica Polipropileno y Propileno, que superaba los 14 mil millones de bolivianos. Estamos hablando de decenas de miles de millones de bolivianos que han sido contratados de forma directa bajo estos 94 decretos supremos y 13 leyes, la mayoría del PGN”, enfatizó Ortiz.

Luego de ese detalle, Ortiz reiteró que conjuntamente el senador Edwin Rodríguez, candidato a la Vicepresidencia por la alianza Bolivia Dice No, antes de dejar sus funciones como senadores, presentarán un proyecto de Ley de Contrataciones Públicas que evite que se realicen contrataciones directas mediantes decretos supremos que permite el gasto discrecional  de los dineros del Estado.

El legislador agregó que ese proyecto de ley Contrataciones Públicas será uno de los ejes centrales  de su programa de gobierno, que permitirá que las contrataciones por licitación sean la regla general y no la excepción, como ha sucedido en las tres gestiones del gobierno de Evo Morales.

“Queremos hacer notar al país que nunca ha habido una ley de Contrataciones Públicas, los anteriores gobiernos prefirieron manejar este tema mediante decretos para tener la discrecionalidad de hacer excepciones y de hacer modificaciones. Lo decimos claramente, si hubiera  habido una ley de Contrataciones Públicas se hubieran evitado muchos escándalos de corrupción, se hubiera evitado que miles de millones de bolivianos se hubieran desviado, no hubiera habido caso los casos Odebrecht, Camargo Correa y Lava Jato que afectan a tres o cuatro gobiernos que están siendo investigando actualmente; o caso como el del CAMC, vinculado con la ex novia del presidente Evo Morales”, enfatizó el candidato presidencial.

Para finalizar explicó que el objetivo de impulsar una ley de Contrataciones Públicas es el resultado de un proceso modernizador y planificador dentro del Estado, basado en un modelo de administración pública, que por el momento es un modelo anticuado, engorroso y sobre todo clientelar y abierto a los sobornos públicos.El escenario donde debe desarrollarse este nuevo sistema de contrataciones, debe ser sobre un modelo de gestión pública que tenga como base fundamental la transparencia, eficiencia y calidad para lograr una administración eficiente del Estado, resaltó Ortiz.

 

 

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