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Este miércoles, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó denunciar ante el Ministerio Público a cuatro exfuncionarios públicos y además enviar los antecedentes investigativos elaborados por la Comisión Especial Mixta de Investigación caso Odebrecht, para que, a partir de los hallazgos, la pesquisa se profundice.

Las personas que serán denunciadas son: Carlos Morales Landívar, quien fue ministro de Servicios y Obras Públicas en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada; Jorge Peredo Flores, gerente general del desaparecido Servicio Nacional de caminos (SNC); Luis Landívar Pereira, gerente de construcción del ex SNC; y Mario Moreno Viruez quien fungió como ministro de Servicios y Obras Públicas en el gobierno de Rodríguez Veltzé.

Según el informe de la comisión legislativa, hay indicios sólidos de que estas cuatro personas nombradas recibieron transferencias bancarias de las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa.  

Después de más de cinco meses de trabajo, la Comisión legislativa concluyó que existen suficientes indicios para asegurar que el escándalo de sobornos llegó a Bolivia.

De todos los proyectos carreteros investigados (Roboré-El Carmen; El Carmen-Arroyo Concepción; Potosí-Uyuni; San Ignacio de Moxos-Villa Tunari y Potosí-Tarija-Villazón) se encontraron indicios suficientes para sospechar presuntos sobornos por parte de la empresa Camargo Correa, encargada de la construcción Roboré-El Carmen a Carlos Morales Landívar (ministro de Goni) y a Jorge Peredo Flores.   

Asimismo, el informe refiere que existen indicios suficientes para sospechar que la empresa Odebrecht sobornó al gerente de construcción del SNC, Luis Humberto Landívar y a la antigua autoridad, Moreno Viruez.  

La Comisión también enviará los hallazgos de su pesquisa a la Fiscalía del Estado, para que se profundice la investigación que pesa sobre otras cuatro personas, además de las arriba mencionadas: Carlos De Mesa Gisbert, Carlos Alarcón Mondonio, Luis Jemio Mollinedo y Carlos Romero Mallea.   

El informe además ratifica que tanto la suscripción de los contratos principales de la carretera Roboré - El Carmen, mencionada en la investigación de sobornos, como la del tramo El Carmen – Arroyo Concepción fue durante el gobierno de Carlos Mesa.

Además se identificó indicios serios que demuestran que la operación Lava Jato llegó a Bolivia: Se utilizó la misma metodología en acciones gubernamentales y empresariales que fue aplicada en otros países; además se reveló coincidencias de viaje en lugares y fechas de altos funcionarios públicos bolivianos con los máximos representantes de las empresas brasileras. Por último, se develó movimientos bancarios inusuales, transacciones que no tienen justificación económica ni legal.

“Nos hemos quedado con dolor y preocupación por la semejante contundencia en los documentos de prueba, es algo preocupante para la Comisión, para la Asamblea y para Bolivia”, dijo Rivero durante su intervención.

En esa misma línea, el diputado del MAS, Elmar Callejas, expresó: “En la Asamblea no estamos juzgando, será la Fiscalía que ahonde la investigación, debemos darle la certeza al pueblo boliviano de que luchamos contra la corrupción y que no la toleramos”, aseveró.

Rivero recordó el intenso trabajo que desarrolló la instancia legislativa, tras revisar 10.036 fojas para hallar indicios casi imperceptibles de corrupción. “No podíamos creer que altas autoridades de gobiernos bolivianos estén involucradas en terribles actos vergonzosos y poco éticos como en el resto del mundo”, lamentó.

Por su parte, durante su intervención, la senadora Adriana Salvatierra afirmó: “Cuatro personas que están involucradas, que están en la lista de personas que tiene movimientos bancarios sospechosos de acuerdo a la UIF, conformaron junto al señor Carlos Mesa y otras 11 personas una fundación que se llama Comunidad, coincidentemente ayer inscribieron una alianza electoral que se llama Comunidad Ciudadana. Pareciera que aquellos que están involucrados en casos de sobornos son parte de esta nueva alianza política”.

La investigación de la comisión legislativa boliviana partió del informe del operativo denominado “Castillo de Arena” realizado por la Policía Federal de Brasil, la Superintendencia Regional de San Pablo y el Ministerio de Justicia de ese país.

 El informe Castillo de Arena mencionaba 17 veces a Bolivia, puntualizando tres iniciales: C. Morales, G.G. – N.S.C. y C.M. El objetivo de la investigación en Bolivia era identificar a los dueños de dichas iniciales para establecer responsabilidades en los sobornos que hubo a cambio de la adjudicación de la obra de construcción de la carretera Roboré – Puerto Suárez (Santa Cruz).

Mesa no teme

El expresidente Carlos Mesa dijo que no tiene ningún temor de que la Fiscalía General del Estado investigue sus cuentas financieras por el caso Lava Jato-Odebrecht, en el que está involucrado según la investigación de una comisión especial de la Asamblea Legislativa, al igual que funcionarios de su gobierno.

"No hay una acusación específica, lo que dice es que se lleve adelante una investigación sobre los movimientos financieros, que no es una acusación y que, además, no se necesita hacer mucho en detalle porque eso ya está abierto, cualquier ciudadano puede hacerlo me parece muy bien, eso me va a tranquilizar muchísimo", dijo.

Pasadas las 19h00, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) determinó remitir los antecedentes del caso a la Fiscalía General del Estado, para la ampliación de la investigación.

El también candidato por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) descalificó el informe de la comisión porque en su criterio tiene un contenido político y carece de evidencias que lo involucren en el caso. 

"El contrato que hace efectiva la obra a favor de Camargo Correa no es un contrato del Gobierno de Mesa, sino del Gobierno de Rodríguez Veltzé y sin licitación", aclaró.

 

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