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Hans Montaño Núñez / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.>

Una temática de vanguardia normativa y de relevancia para las empresas con obligación de cumplimiento del Código de Comercio, más aún por la casuística presentada y los sistemas aleatorios de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), fue analizada por el Estudio Jurídico Wayar & von Borries Abogados S.C. en el desayuno empresarial “¿Cómo prevenir multas y sanciones de la Autoridad de Empresas - AEMP?”.

La AEMP inicia auditorías y fiscalizaciones que aplica a las unidades económicas constituidas estableciendo multas de dinero ‘cuantiosas’, según la prensa, de millones de bolivianos y dólares por concepto de penalización y sanciones en caso de infracciones.

El evento cerrado que se realizó en el Salón Mamoré del Hotel Marriott Santa Cruz; estuvo dirigido a clientes empresariales y personal ejecutivo a quienes puede brindarse asesoramiento. Cuatro expertos consideraron - desde la perspectiva legal y contable - el régimen sancionatorio de la AEMP y las recomendaciones para evitar multas y penalidades. El actual Registro de Comercio de Bolivia tiene como brazo operativo y ha sido concesionado a la fundación privada y sin fines de lucro, reconocida como Fundempresa.

Las personas sujetas al cumplimiento del reglamento pueden ser naturales o jurídicos, sin distinción, y que desarrollan sus actividades en el ámbito comercial en el territorio nacional. Exceptuando las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro; pueden ser fiscalizados y auditados los comerciantes individuales, Sociedad Unipersonal, Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Colectiva, Sociedad de Comandita Simple, Comandita por Acciones, Asociación Accidental, además que últimamente se han incorporado nuevos tipos societarios de orden mixto en base a la ley de las empresas públicas, entre otros tipos, y en virtud de las empresas sociales.

Cabe informar que la AEMP es una entidad descentralizada que tiene como objetivo fiscalizar, controlar, supervisar y regular las actividades de las empresas en lo relativo al Gobierno Corporativo, defensa de la competencia, reestructuración de empresas y registro de comercio. Es la entidad encargada de resolver recursos jerárquicos interpuestos por las empresas, establecer políticas de regulación y fiscalización, emitir regulaciones sobre defensa de la competencia y homologar acuerdos de transacción efectuados en el marco de los procesos de reestructuración de empresas, vigilando el cumplimiento de los procedimientos.

El jurista Andrés Ríos explicó de forma extensa acerca del carácter administrativo de las sanciones establecido por el artículo 5 del Reglamento de Infracciones y Sanciones impuesto por la AEMP, donde refiere que las penalidades descritas son aplicadas, independientemente a otras sanciones de autoridades penales o civiles. “Básicamente este artículo se refiere a que las sanciones impuestas derivan del incumplimiento a una normativa o un deber impuesto de carácter administrativo, limitado siempre por el principio de la legalidad, tipicidad y discrecionalidad. Es emitida por una autoridad administrativa; y no por una jurisdiccional. Es sujeta a ser impugnada por los recursos que nos otorga la ley de Procedimiento Administrativo”, sostuvo. Asimismo, dijo que la AEMP dependiendo del grado de infracción o del incumplimiento detectado, emite una resolución administrativa, que es el acto administrativo definitivo sujeto a impugnación. En este caso hay tres vías: que la entidad pague la multa, o la empresa no paga y recurra; la AEMP puede perseguir el pago de la multa a través de un proceso coactivo y, finalmente, que la empresa impugne a través del recurso de revocatoria en la vía administrativa conforme a los principios, procedimientos y normas de la ley de Procedimiento Administrativo y su decreto reglamentario.

Por su parte, Javier Romero, continuando con el análisis, abordó el sentido de las infracciones, de manera amplia, previstas en el artículo 7 de la norma. “Las infracciones leves son aquellas sujetas a imposición de una amonestación escrita ocasionadas por faltas, infracciones y omisiones leves a reglamentos, estatutos, normas y políticas internas de la empresa donde también se incluyen las instrucciones y circulares que posean los agentes regulados”, afirmó. Repasó en las infracciones graves, puntualizadas en el artículo 8. También observó los artículos 9, 10 y 11, 12 y 13. En tanto, el especialista y uno de los mejores auditores de Bolivia, Gonzalo Zenteno, también remarcó el cumplimiento a la normativa contable vigente en el país, a la par de lo que establece la AEMP. “Esta entidad puede realizar auditorías generales tomando el universo de todas las empresas legalmente establecidas en el país. ¿Cuál es la forma de selección de una empresa para que sea sujeta a auditoría?. No sabemos; no hay una alerta porque la AEMP toma la decisión en función de mecanismos internos”, consideró. Zenteno explicó acerca de los plazos cortos de la auditorías y que la información esté disponible en físico y digital en las oficinas de cada empresa. Enumeró alrededor de 15 auditorías y expuso detalladamente las multas existentes valuadas en UFV determinadas a la fecha, con parámetros de montos en bolivianos para determinar la base del cálculo.

Finalmente, el abogado Iver von Borries enfatizó en tres columnas fundamentales que toda empresa no debe descuidar: tema laboral, tema impositivo – tributario y el aspecto societario porque “la AEMP está ejerciendo un control efectivo y eficaz”.

Recomendó “estar al día con las normas y no ponernos manillas innecesarias o autoenmanillarnos porque luego nos saldrá una multa o sanción”. Mencionó la DUE Diligence, unidad jurídica de Wayar & von Borries que identifica falencias e incumplimientos para evitar multas.

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