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El procurador general del Estado, Pablo Menacho, afirmó que no se puede hablar de “irresponsabilidades” que hayan provocado el proceso de arbitraje internacional por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Previsión. Dijo que todo se hizo de acuerdo a la Constitución y a la ley.

Actualmente, la AFP Previsión está en proceso de transferencia de datos a la Gestora Pública de Pensiones, que debe administrar los ahorros de los jubilados desde marzo de 2019.

La empresas española BBVA, que administra la AFP Previsión, informó que ha solicitado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), porque no pudo llegar a un acuerdo con el Estado boliviano por el valor del negocio que debe ser resarcido.

El procurador Menacho explicó que la Constitución Política del Estado prohíbe que los fondos de pensiones sean administrados por privados y que la Ley 065 dispone el paso de las AFP a la Gestora Pública. Señaló que en ese entendido, las acciones que se tomaron al respecto se adecúan a la norma.

“Hay un cumplimiento y un apego totalmente estricto a lo que dice la Constitución y a lo que establece la Ley 065. En ese sentido no se puede hablar de irresponsabilidades el día de hoy”, aseveró Menacho, consultado sobre quién sería el responsable de este nuevo arbitraje, tomando en cuenta que en el caso Quiborax se apuntó a Carlos Mesa como el culpable.

Menacho informó que la BBVA presentó la solicitud de arbitraje el 1 de agosto a la CIADI. Anunció que se contratará a estudios jurídicos internacionales y servicios especializados para defender al Estado.

Hubo una negoción sin éxito 

El ministro de Economía, Mario Guillén, reveló que, antes de llegar al proceso arbitral, se negoció el precio que pretendía BBVA por la AFP Previsión, pero lo que solicitó la transnacional era excesivo a consideración del Estado, por lo cual se rechazó la propuesta.

Guillén llamó a la tranquilidad a quienes aportan de la AFP, puesto que a pesar del arbitraje, los servicios de la administradora siguen en funcionamiento, como también el proceso de transferencia de datos a la Gestora Pública.

 

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