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El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) dijo el jueves que defenderá su inocencia ante la comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que podría iniciar un juicio de responsabilidades en su contra por el caso Quiborax.

El Tribunal Supremo de Justicia anunció en la víspera que remitirá a la ALP la proposición acusatoria contra el exmandatario, acusado de causar la pérdida de más de 42 millones de dólares al Estado boliviano por la reversión de una concesión minera a esa empresa chilena y que derivó en un pleito legal internacional.

"En principio la Asamblea tiene que nombrar una comisión mixta y tiene que preparar un informe y, por supuesto, le voy a pedir a esa comisión mixta, como corresponde al debido proceso, que me dé una audiencia para que yo haga una explicación", dijo.

El exmandatario es acusado por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; en contrapartida Mesa denunció una "pésima defensa" del Gobierno en el laudo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.

"En este caso no tengo ninguna responsabilidad, sino que yo acuso a los verdaderos responsables, el exministro Defensa Legal del Estado y ex procurador general, Héctor Arce, y al procurador actual, Pablo Menacho, de ser los verdaderos responsables de la pérdida de los 42 millones de dólares que ha tenido que pagar Bolivia", argumentó Mesa.

La Procuraduría General del Estado sostiene que Mesa no cumplió con las leyes internas ni con el derecho internacional cuando su gobierno revocó en 2004 las concesiones mineras a Non Metallic Minerals, socia de la chilena Quiborax.

"Si la Asamblea aprueba este juicio de responsabilidades será un juicio penal, cuyo resultado eventual puede ser la cárcel", apuntó el exgobernante.

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