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El Presidente de la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, sostuvo que muchas empresas constructoras nacionales atraviesan una grave situación, que puede tener efectos nocivos sobre el empleo y las familias que no son del eje central del país.

“Estamos muy preocupados porque se siguen generando condiciones insostenibles sobre el sector empresarial boliviano, que afectan cada vez más al empleo, la producción y la estabilidad de la economía de la gente, y una prueba es lo que pasa en el rubro de las empresas constructoras que sostienen el 8% del empleo total en Bolivia y cada año absorben el 25% de los puestos nuevos que se crean”, indicó.

La alerta de Nostas surge después de que la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO) se declaró en emergencia por los excesivos retrasos en el pago de planillas a las empresas y denunció abusos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la inequidad con se trata a las firmas nacionales en relación a las extranjeras. 

El presidente de la CEPB señaló que los problemas que aquejan a ese sector tienen además una repercusión directa sobre una cadena de actividades económicas como la provisión de materiales industriales, los diseños de obra, el transporte y los servicios.

Respecto al tema de impuestos, Nostas aseveró que se pretende confiscar pagos que entidades estatales tenían presupuestados para cancelar obras. Indicó por ejemplo que la Gobernación de Tarija ya recibió la instrucción de que el dinero destinado al pago de empresas que tienen deudas con el fisco, pasen directamente a una cuenta del SIN.

Para el empresario, las autoridades se niegan a entender que cuando inviabilizan el funcionamiento de las empresas, no solamente afectan al empresario, sino que de manera automática impulsan el desempleo y la informalidad.

“Las cifras de organismos internacionales, los datos oficiales y la evidencia de la gente, muestra que en Bolivia la informalidad y el trabajo precario están llegando a niveles inaceptables, debido a medidas como las que se aplican en contra del sector privado, con decisiones de pago de dos aguinaldos por año o leyes como la de empresas sociales, sin embargo, el gobierno en lugar de escuchar y atender, responde con más presión y acoso”, finalizó. 

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