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En medio de la crisis económica de la provincia Germán Busch y el clamor de empresarios y exportadores de Bolivia para que el Gobierno apruebe de una vez la construcción de Puerto Busch que permita potenciar la salida por la hidrovía al Atlántico y que suponga una mejor opción para el transporte de carga a ultramar, además de un alivio a la desaceleración económica, el Comité Interinstitucional de Frontera (CIF) exteriorizó su preocupación por la demora en el tratamiento de un anteproyecto de ley para crear una zona económica especial en esos municipios.

El CIF a la cabeza de su vocera, Ligia Lewin de Céspedes, y el coordinador de Movimientos Sociales de Puerto Quijarro, Juan Parejas Ríos, indicaron a Money.com.bo que el proyecto fue depositado en manos del presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña Henry Cabrera, mismo que lo envió a la Comisión Económica de la Cámara de Diputados para su respectivo análisis.

Los tres municipios de Puerto Suárez, Puerto Quijarro y El Carmen Rivero Tórrez, piden un régimen de incentivos, gestión e inversión pública, tal cual lo tiene la zona del trópico cochabambino y otras zonas de país. 

“Las zonas económicas especiales tienen como características desarrollar potencialidades en el área turística, agrícola, comercial e industrial, ese es el aprovechamiento que nosotros pedimos. Realmente queremos incentivos que puedan atraer a las empresas e inversionistas. Urge crear fuentes de empleo, por eso creamos este proyecto”, argumentó la vocera del CIF.

El principal artículo del proyecto, el 5, en su inciso a) propone una exención del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) por un periodo de 10 años, a partir del inicio del funcionamiento del emprendimiento e inversión productiva, siempre y cuando el monto del tributo liberado sea reinvertido en su integridad, en la siguiente gestión fiscal, en la misma unidad productiva u otra dentro de la ZEE de desarrollo en cualquier sector.

Asimismo se plantea una exención del Gravamen Arancelario y del Impuesto al Valor Agregado por un periodo de 10 años para el ingreso de mercaderías de importación en las plantas industriales como bienes de capital establecida en la ZEE.

También sugiere el pago único del 5% por un periodo de 10 años a toda mercadería de importación que ingrese destinada para insumos de materias primas de las plantas industriales, consumo o comercialización del emprendimiento e inversión productiva, etc. 

La preocupación es notoria en esos municipios pues cada vez se deteriora más la economía. “El proyecto ya ha sido presentado a la comisión respectiva de Diputados por parte del presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña. Tenemos la esperanza de que se apruebe la norma para que así podamos aportar al PIB nacional 1%”, acotó.

La iniciativa fue adoptada tras una serie de reuniones del CIF y autoridades regionales desde hace dos años. Idas y venidas, documentos que pasaron de manera positiva y negativa por diferentes ministerios han marcado la demanda del CIF.

“Hemos visto el interés del diputado Cabrera en el proyecto. Él se ha puesto la camiseta y esperemos que se concrete la aprobación de zona económica especial. Todo está en la voluntad política de las autoridades”, acotó Lewin.

Por su lado, Parejas enfatiza que insistirán ante el Poder Legislativo y el Ejecutivo para que apruebe la ley a fin de año o en 2018 porque es un tema de reactivación económica y despegue de la provincia.

Asimismo planteó que el transporte pesado coadyuve en su pedido y que se sume a la idea de construir Puerto Busch.

Datos, los municipios y el CIF

Los municipios de Puerto Suárez y Quijarro confirmaron la inclusión de la ZEE en sus PTDI. Sebastián Hurtado, alcalde de Puerto Suárez, e Ibar Antelo Dorado, de Puerto Quijarro, apoyan el plan.

Por su lado, la Alcaldía de San Matías solicitó adherirse al proyecto porque considera que es la única forma de desarrollar el potencial de la región.

La vocera del CIF, Ligia Lewin de Céspedes, indicó que con la ZEE el territorio delimitado gozará de beneficios fiscales y laborales, régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, infraestructura de primer nivel, programas de apoyo al capital humano, financiamientos e innovación, así como estímulos y condiciones preferenciales con el propósito de promover la conformación de polos de desarrollo, parques industriales, parques tecnológicos, maquicentros complejos productivos y otros emprendimientos e inversiones.

Los contenidos de la propuesta normativa permitirán acelerar el crecimiento de la economía, provocando el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) regional, departamental y nacional.

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