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El expresidente Carlos Mesa presentó este lunes ante la Fiscalía General del Estado en  Sucre, una solicitud para incluir en el caso Quiborax, al exMinistro de Defensa Legal del Estado y ex Procurador General del Estado, Héctor Arce Zaconeta por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Mesa comparecerá este martes ante la misma Fiscalía   por  el caso Quiborax pero en su defensa, activó la solicitud de incluir también a César Navarro Ministro de Minería; Pablo Menacho, actual Procurador General  y Elizabeth Arismendi Chumacero ex Procuradora General del Estado,  quienes llevaron adelante el laudo arbitral impulsado por Quiborax- Non Metallic Minerals S.A (NMM), que demandó al Estado por la reversión de sus concesiones en el Salar de Uyuni el año 2004.

Mesa explicó que identificaron cuatro irregularidades muy graves sobre los cuales están pidiendo al Fiscalía General,  se acuse a las cuatro personas que vieron  - en distintos periodos-  el laudo arbitral desde 2008 al 2018.

El primer   hecho irregular -dice Mesa- es que el gobierno llegó a un acuerdo formal con Quiborax para resolver amistosamente el pleito,  pagándoles 3 millones de dólares y que luego se retractó. De haberse ejecutado,  se hubiera evitado pagar 46,2 millones de dólares.

El segundo hecho -identificado por Mesa-  es que se haya establecido a través de un documento falsificado por Quiborax, la base ilegal para iniciar el proceso a Bolivia.

El tercer hecho es que una vez llegado a un principio el acuerdo entre Bolivia y Quiborax, cuando todavía no se conocía el laudo arbitral definitivo, funcionarios de Quiborax ingresaron como “Pedro por su casa” a la Procuraduría”, para negociar el desistimiento del juicio penal que la justicia boliviana abrió contra Allan Fosk, el principal accionista de Quiborax en Bolivia, además de ocho personas.

Mesa sostuvo que la Procuraduría negoció también el desistimiento de la Fiscalía General con relación al juicio penal y  el proyecto de sentencia de sobreseimiento de Fosk y otras ocho personas. 

“Háganse ustedes la idea: funcionarios de Quiborax negociando en la Procuraduría General del Estado el levantamiento de ese juicio penal. Primero qué hacen funcionarios chilenos negociando con Bolivia ese sobreseimiento; segundo, cómo es posible que se utilice el correo electrónico de la sub Procuradora para mandar esos proyectos a abogados de la empresa Quiborax; tercero: cómo es posible que la Procuraduría, que no tiene ninguna competencia, esté discutiendo el de desistimiento de Bolivia en algo que le corresponde al juez competente”, indicó.

Dijo que la cuarta irregularidad tiene que ver con el haber pagado en virtud de “este conjunto de problemas, de errores, de insuficiencia y  de pésima defensa”, 42,6 millones de dólares a la empresa chilena.

Aseguró que su gobierno entregó un proceso político y jurídico impecable y el gobierno del presidente Morales llevó “adelante una desastrosa defensa con un conjunto de elementos que generan conducta antieconómica e incumplimiento de deberes”.

Precisó que por ese motivo, ha solicitado al Fiscala General del Estado incluir en la investigación a Héctor Arce, Elizabeth Arismendi, Pablo Menacho y Cesar Navarro, para que sean investigados en función a estos “gravísimos hechos” .

“Ojalá el Fiscal General del Estado trabaje con independencia y los incluya en la investigación. Nosotros no estamos negándonos a estar presentes, pero creemos que es muchísimo más grave lo que ha ocurrido durante el gobierno del presidente Morales,  que lo  nosotros  hemos hecho”, dijo al confirmar que  atenderá la citación de la Fiscalía en Sucre, donde ya se encuentra.

Mesa  asegura que no  hay materia justiciable para ser investigado porque durante dos gobiernos se estableció la legalidad de la anulación de las concesiones que vulneraban las normas establecidas en la Ley 2564 que amplió la reserva fiscal del Salar de Uyuni.

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