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El diputado opositor Wilson Santamaría observó este viernes que los daños económicos al Estado, entendidos por pagos a consecuencia de la “nacionalización”, son más grandes que el supuesto delito atribuido al expresidente Carlos Mesa en  el caso de Quiborax con $us 42,6 millones.

Dijo que actualmente Bolivia enfrenta varios juicios no solo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, sino ante la Corte  de Arbitraje y Conciliación de la Cámara Nacional de Comercio Internacional de París y ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Informó que ya salió la sentencia en el caso Eurotelecom, en el caso Aguas del Tunari y de Pan American Energy. Este último ha concluido hace un par de meses, pero que no hay acceso a la información.

"Con el gobierno del presidente Evo Morales tenemos deudas mucho más altas, mayor cantidad de procesos y que no tal nacionalización. En realidad lo que ha ocurrido son procesos de compra de las acciones  que pasan por un espacio de conciliación para renegociar la cantidad y el monto y muestra a un Estado con gran cantidad de deudas”, indicó.

Santamaría dijo que el gobierno tiene que explicar qué ha hecho con estas empresas que exigen  el cumplimiento de los contratos y que terminaron en procesos de arbitraje y conciliación con sanciones impuestas al Estado por arriba de los 900 millones de dólares.

Manifestó que por ese motivo  que se enviado una petición de informe escrito al Procurador General del Estado para que explique las acciones de defensa durante los períodos de arbitraje en todos los casos, incluido el caso de Quiborax.

De la misma forma piden al Procurador aclaraciones sobre el juicio de las empresas Abertis de España por el tema de los aeropuertos, la reversión al Estado de los complejos Vinto-Estaño, Vinto-Amoniaco y el control del Centro Minero  Colquiri y la empresa india Jindal Stell-Bolivia.

El opositor demanda explicaciones sobre el proceso iniciado por la AIR-BP, subsidiaria de la empresa Británica Bristish Petróleum que mandó a Estado y la notificación de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, llegó el 17 de agosto de 2010.

Sin embargo exige documentación sobre el procedimiento de contratación de los estudios jurídicos que encaran   la defensa de los intereses  del pueblo boliviano, y se explique el proceso de selección, el estudio, equipo de personas, el responsable de cada caso y el monto económico que paga a cada uno de los ellos por sus servicios.

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