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El ministro de Trabajo Héctor Hinojosa descartó  este miércoles la posibilidad de que prospere el recurso de inconstitucionalidad planteado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ante el Tribunal Constitucional, en contra de la Ley de Empresas Sociales, porque surge de un mandato de la misma Constitución Política del Estado.

Dijo que actualmente está en fase de elaboración el Decreto Reglamentario que debe ser entregado en un plazo de 90 días, a partir de la promulgación del 1 de mayo de 2018.

Hinojosa sostuvo que la norma, al estar dentro el marco constitucional, no afecta a los empresarios que cumplen con las normas y la función económica.

“Este decreto tiene carácter social es para proteger a los trabajadores, que debido a cierres intempestivos están en una situación de riesgo y son los trabajadores los que pretenden conservar una unidad productiva. Entonces en ese sentido, consideramos que se está desarrollado la norma constitucional”, declaró.

Hinojosa aseguró que no hay ningún atentado a la propiedad privada, como han pretendido señalar los empresarios en diferentes escenarios.

“Lo que nosotros consideramos es que los empresarios no quieren compartir la riqueza, ven con mucho temor, siempre están pensando más en lo suyo que en darle una funcionalidad de carácter social a la inversión, comentó.

La autoridad dijo que el gobierno garantiza la inversión privada, pero va a exigir se comparta la riqueza y ésta cumpla una función social.

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