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Hilton Heredia García /Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.>

Declaración de Santa Cruz de la Sierra. El Congreso Nacional del sector privado, la manifestación más representativa de la comunidad empresarial en el país, emitieron este martes una resolución de 10 puntos entre los que exigen el respeto al 21-F, la inmediata abrogación de la Ley de Empresas Sociales, una auditoría internacional inmediata al cálculo del crecimiento del PIB, rectificación de la política económica para frenar la desaceleración económica, entre otros.

Así lo dio a conocer el mandamás de la CEPB, Ronald Nostas al término de la reunión efectuada en el salón Chiquitano de la Fexpocruz. Hizo hincapié en exigir el respeto a la Constitución Política del Estado y su institucionalidad, especialmente los principios del derecho a la propiedad privada, a la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, establecidos en ella.

El segundo punto hace referencia a exigir la abrogación de la Ley de Empresas Sociales por atentar contra los derechos constitucionales, y ser un mecanismo arbitrario para entregar a unos lo que en propiedad corresponde a otros.

En el tercer punto demandan la implementación inmediata de una política de empleo equilibrada, con plena participación del sector privado en su elaboración, garantizando la creación y preservación de empleos estables y la sostenibilidad de las empresas.

Mientras que un cuarto aspecto reitera al Gobierno Nacional que el sector privado precisa una respuesta clara a las propuestas presentadas en las mesas de diálogo desde el año 2016, en las que se incluyeron políticas para impulsar el empleo y el crecimiento incluyendo acciones efectivas para mitigar el contrabando, la informalidad, la burocracia, la sobre-regulación y el enfoque tributario punitivo hoy prevaleciente.

 

 

Asimismo, exigen al Gobierno coordinar, con el sector privado, un plan para revertir la desaceleración y los desbalances macroeconómicos, que cada vez se acentúan, poniendo en riesgo la viabilidad de mediano plazo de la economía. Este plan debe incluir medidas transversales y sectoriales con políticas e incentivos con verdadera equidad, enfatizando en las regiones de menor desarrollo.

El noveno punto exige a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Órgano Ejecutivo, que las políticas públicas que incluyan aspectos de interés del sector productivo, en cualquiera de sus instancias, niveles y ámbitos, sea adecuadamente acordadas con las organizaciones representativas de los diversos sectores productivos, para beneficio de toda la sociedad boliviana.

Finalmente demandan un espacio de debate y análisis sobre el pago del segundo aguinaldo, puesto que es inviable su pago en el contexto actual.

Cainco sugiere cuatro medidas

La Cainco planteó cuatro puntos: rechazo contundente a la ley de empresas sociales, una estrategia de impacto en el corto y mediano plazo para enfrentar el estancamiento económico y reactivar al sector empresarial a nivel nacional, combate efectivo contra la informalidad, el contrabando y la corrupción y un diálogo alejado de posiciones políticas con resultados concretos.

CNC pide un giro a la política económica

Por su lado, el titular de la CNC Marco Antonio Salinas indicó que el debate se centró en el modelo económico del país y en ese marco la conclusión principal es que “llegó la hora de comenzar un diálogo real con el Gobierno para mejorar la economía. Es un modelo que fue exitoso, pero el escenario internacional no es el mismo y se necesita mejores días”.

 CBHE preocupada

En criterio de la presidenta de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), Claudia Cronenbold, hay preocupación por las últimas medidas del Gobierno. “La Ley de Empresas Sociales nos afecta al igual que al resto del sector privado. Es una norma que trae un riesgo adicional para los negocios y genera un escenario de incertidumbre”.

Consultada sobre las inversiones petroleras en el país, dijo que si bien fluyen de manera casi normal, ha habido una disminución en los últimos meses producto del contexto internacional.

Posición del Gobierno

El viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, aseguró de que el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia está medido correctamente y su veracidad es auditada anualmente por organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Nuestro PIB está correctamente medido. Anualmente organismos internacionales, entre ellos el FMI, auditan y revisan estos indicadores para dar veracidad de que estemos auditando adecuadamente", explicó.

Durán negó "categóricamente" las versiones del presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, quien dijo, ayer, que el Gobierno "infla" el PIB cuando elabora el cálculo de ese indicador con el método devengado, y pidió que se utilice el flujo de caja para tener un resultado que "refleje la realidad".

El Viceministro de Presupuesto explicó que la diferencia que existe entre el método devengado y el de flujo de caja "es únicamente una diferencia de horas" o, en algunos casos, días, tomando en cuenta que en el momento que ya se construye la obra se da la orden para el pago, y ahí los datos entran en el cálculo del PIB.

"Es una diferencia temporal muy pequeña que no afecta a la consistencia de los datos", señaló.

A su juicio, las críticas de los empresarios privados sobre la medición del PIB nacional son producto de un desconociendo técnico de la economía, que "no se constituye en el camino adecuado" para encontrar soluciones a sus demandas.

EcoFinanzas