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Hans Montaño Núñez / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.>

La presentación de un recurso abstracto de inconstitucionalidad de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) buscando la nulidad parcial o total de la Ley 1055 de Creación de Empresas Sociales, y observaciones a las disposiciones adicionales de esta norma (Quinta disposición), que otorga al sistema financiero boliviano la concesión de créditos preferentes y que tendrán como única finalidad la reactivación productiva de la empresa, fueron parte de los aspectos analizados pormenorizadamente a cargo de Iver von Borries, Gonzalo Zenteno, Javier Romero y Andrés Ríos, cuatro expertos del estudio jurídico Wayar & von Borries.

La Ley 1055 de Creación de Empresas Sociales fue debatida en sus 11 artículos, disposiciones adicionales, finales y la única disposición abrogatoria y derogatoria.

Von Borries encargó recomendaciones prácticas a la CEPB, como observar que la reglamentación de la norma sea redactada de forma precisa y adecuada. “Lamentablemente, si no está bien hecha podría convertirse en un problema bastante serio, no sólo para la banca sino para el empresariado en general”, sostuvo.

Respecto al recurso abstracto presentado por la CEPB, sostuvo: “En la medida en cómo haya sido fundamentado y redactado, hay que ver bajo qué lineamientos jurisprudenciales haya sido planteado. Las aristas tienen que ser muy claras en cuanto a las vertientes que permiten que un recurso abstracto prospere. El solo hecho de decir que esta norma es inconstitucional es un error porque constitucionalmente las empresas sociales están previstas. No está atentando contra la norma fundamental porque el artículo 54, parágrafo III de la Constitución Política del Estado así lo permite desde el 2004“. Refirió que los recursos constitucionales prosperan contra las vulneraciones a los derechos fundamentales, “y una vez que se hayan agotado ciertos requisitos de la legislación activa, por ejemplo si es el debido proceso, el derecho a la defensa o el derecho a ejercer el comercio”, explicó. “Si voy por ese lado, probablemente tenga éxito”, prosiguió.

En este sentido, el abogado experto en Derecho Societario y temas constitucionales, Javier Romero, sostuvo la presunción de que las normativas del Estado boliviano son constitucionales “mientras no se demuestre lo contrario, o el Tribunal Constitucional no manifieste de manera efectiva al respecto de su contraposición a algún precepto constitucional”. Complementó las explicaciones de von Borries sobre el recurso presentado, resaltando 45 días hábiles que el TCP tiene para la resolución del recurso.

“Mucho va a depender de la argumentación técnica que se haga en torno a que pueda demostrar que esta norma se contrapone a algún precepto constitucional, y por tanto sea declarada abrogada en su totalidad, es decir dejada sin efecto; o derogada si hay uno que otro artículo contrapuesto a la Constitución Política del Estado”, enfatizó.

A su turno, el abogado experto en Derecho Concursal (quiebras), Andrés Ríos, precisó cuatro errores trascendentales de la norma, entre los que citó que no necesariamente la presentación en concurso del empresario implica que adeuda salarios, beneficios sociales u otros a sus trabajadores activos “poniendo en estado de indefensión a los extrabajadores porque ellos no correrían la misma suerte que los activos”. Un segundo error es que los trabajadores activos o no, en su condición de acreedores privilegiados, no participan de la junta de acreedores que se constituye como consecuencia del concurso preventivo.

Asimismo, afirmó que no solamente los empresarios privados tienen que verse afectados por esta norma, sino también los “propios trabajadores deben tomar conciencia que esta ley en ningún sentido es completamente beneficiosa para ellos,”. El jurista lanzó una pregunta: ¿Qué pasa si un extrabajador inicia un proceso ordinario de cobro de sus beneficios sociales y la empresa entra en quiebra?.

“De por sí el proceso es infructuoso, ahora si la empresa entra en quiebra se vuelve aún más; y el trabajador no va a recibir el mismo tratamiento que un empresario activo bajo la ley de la empresa social. Es decir, hay una discriminación respecto a la condición de extrabajador respecto a la de trabajador activo. Entonces, la ley también afecta de alguna forma a los trabajadores que gozan de algún beneficio social, que no fue pagado solamente por la empresa, creo que no sólo debería considerarse a la parte empresarial, también los trabajadores deberían tomar conciencia de esta situación”, argumentó Ríos.

La Ley 1055 de Creación de Empresas Sociales despertó grandes susceptibilidades, tanto en el empresario privado como esperanzas históricas en el trabajador activo de una determinada unidad productiva, que se encuentre en proceso de concurso preventivo, quiebra o liquidación, cerrada o abandonada de forma injustificada. La norma establece que los trabajadores con la finalidad de reactivar y reorganizar la empresa, en defensa de sus fuentes laborales y en resguardo del interés social, podrán constituir una empresa social.

 

 

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