Al 17 de diciembre de 2018: Dólar Venta BCB: 6,96 Dólar Compra BCB: 6,86 €/$us: 0.88449 Bs/euro: 7.75588 UFV: 2.28950 Peso Argentino/$us:38.16130 Yen/$us: 113.28000 Real/$us: 3.91350 Oz.Troy Oro $us: 1,239.29000 Oz.Troy Plata $us: 14.59330

Hilton Heredia García/ Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.>

Emergencia. El Congreso Nacional del sector privado, la manifestación más representativa de la comunidad empresarial en el país, busca definir el rumbo uniforme de sus actividades, en un contexto político y económico, que se torna cada vez más complejo. Los empresarios exigen el respeto al 21-F, la inmediata abrogación de la Ley de Empresas Sociales, una auditoría internacional inmediata al cálculo del crecimiento del PIB, rectificación de la política económica y la creación de un plan nacional de empleo que dé prioridad a la productividad.

Así lo manifestó el presidente de la CEPB, Ronald Nostas junto al titular de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas al inicio de la cita que reúne a unos 300 empresarios del país en el salón Chiquitano de la Fexpocruz.

El ejecutivo que resaltó el diálogo entre empresarios y Gobierno durante los últimos años, dijo que los resultados de este proceso no han sido del todo gratificante.

El camino ha sido complejo, desgastante y delicado, y no obstante los esfuerzos, vemos con preocupación que estos resultados limitados, incluso están siendo minados por políticas decididas por el Gobierno Nacional”, dijo.

Citó de inicio, el incremento salarial para la gestión 2018 pues no responde a la realidad del sector productivo en el país, pero sobre todo, no percibe las señales que emite el mercado laboral en franco decrecimiento, sin considerar además las posibilidades o imposibilidades de las medianas y pequeñas empresas.

“Es muy claro que el propio Gobierno pone reglas flexibles para lo estatal, y genera diferencias discriminatorias a momento de constituir empresas públicas y de contratar a sus trabajadores, desconociendo los principios de igualdad entre los tipos de economía, definida en la Constitución Política del Estado. Esta política salarial desvinculada de la productividad, se alía de manera perversa con una política laboral sin rumbo claro, promoviendo índices de contrabando e informalidad crecientes, y con un acoso tributario extremo, que conlleva a escenarios desalentadores para la inversión”, indicó Nostas.

Asimismo, agrega que no hay que olvidarse los sobrecostos desvinculados de la productividad que son recursos económicos que restan a las necesidades de reinversión y crecimiento de las empresas.

Enfatiza que los constantes incrementos salariales divorciados de la realidad microeconómica, están incidiendo de manera perniciosa en el mercado laboral, están imposibilitando, que sobre todo, más mujeres y jóvenes puedan acceder a una fuente de empleo digno, con beneficios como el incremento salarial, el aguinaldo, el seguro de salud y la garantía de una jubilación.

Además, hace hincapié en que el Gobierno y la Central Obrera Boliviana han decidido ignorar acuerdos internacionales vigentes que obligan a la consulta exhaustiva, con la plena participación del sector privado, y en un franco menosprecio a la legalidad, nos han marginado de todo proceso de diálogo y negociación sobre los aumentos en los últimos años, no obstante que los empresarios asumimos el costo final de estas decisiones.

Denuncia ante la Conferencia Internacional del Trabajo

“Al respecto debo informarles, que nuestra organización ha asumido acciones de defensa de los derechos que nos asisten, y en estos momentos, una delegación institucional, se encuentra presentando una denuncia ante la Conferencia Internacional del Trabajo que se desarrolla en la ciudad de Ginebra, Suiza, activando los mecanismos legales correspondientes, para que los gobernantes cumplan con los compromisos adquiridos en el marco del respeto al mundo del trabajo”, dijo Nostas.

Otro de los aspectos preocupantes para el empresariado es el anuncio sorpresivo anticipado del pago del segundo aguinaldo en la gestión 2018, cuando a momento de haberlo comunicado, solamente se contaba con información de un trimestre de los cuatro requeridos para viabilizar su pago.

La CEPB solicitó la revisión de la metodología de cálculo de los indicadores, en razón a que los promedios generales de crecimiento del PIB, no condicen con las realidades sectoriales y regionales, contando con sectores que exponen tasas decrecientes o insuficientes para afrontar este pago.

En lo que respecta a este tema, exigen que el INE permita el acceso a las cifras, metodologías y formas de estimación del PIB como lo hacen con los organismos internacionales y multilaterales. “Necesitamos información confiable, seria y consistente”.

Sobre la aprobación de la Ley de creación de Empresas Sociales, una norma cuya sanción han logrado detener el año pasado, en función a observaciones jurídicas y técnicas contundentes que formuló la CEPB y que fueron admitidas como válidas, tanto por el Presidente del Estado como por las Autoridades de la Asamblea Legislativa, refirió que lo cierto es, que a fines del mes de abril de este año, se repuso la ley.

“La Ley es tan mala como la propuesta que le antecedió. No voy a abundar en todos los aspectos que pueden serle criticables porque desconoce el Derecho, desconoce las garantías elementales relativas a la libre empresa, desconoce la propiedad privada y, desconoce la realidad empresarial boliviana”, señaló el mandamás del sector.  

DATOS

  • Las empresas privadas en Bolivia, representamos el 62% del PIB a precios corrientes.
  • Participamos de la inversión nacional, aproximadamente, con el 40%.
  • Damos empleo a un 71% de la población urbana.
  • Contribuimos con el 96% de la recaudación tributaria, sin considerar los impuestos que genera YPFB.
  • Contribuimos a generar el 65% de la masa salarial en el país.
  • Participamos con el 95% de las exportaciones de este país, sin contar las exportaciones de hidrocarburos.
  • La empresa privada es la encargada de suministrar productos y servicios a la población, es la responsable de generar sustento a las familias, es proveedora de recursos –y me refiero a los impuestos- con los que contribuimos al financiamiento del Estado, para que éste cumpla con sus obligaciones constitucionales.

 

EcoFinanzas