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Opositores solicitaron formalmente al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, que proceda a la separación de la diputada Susana Rivero de la Comisión Mixta que investiga presuntos sobornos de empresas brasileñas implicadas en el caso denominado Lava Jato.

El argumento de los opositores consiste en que Rivero, cuando era ministra, firmó decretos respecto a la empresa Queiroz Galvao, que ahora está bajo investigación en la Comisión. El senador Arturo Murillo manifestó que se trataría de un tema de conflicto de intereses de la diputada en el caso.

De acuerdo con el memorial enviado a García Linera, la empresa Querroz Galvao estaba a cargo de la construcción de un tramo de la carretera Potosí-Tarija, pero en 2007 la Administradora Boliviana de Carreteras le rompió el contrato tras advertir defectos y retraso en la obra, cobrándole las boletas de garantía.

Luego, ese mismo año, el gabinete del que formaba parte Rivero emitió el Decreto 29275, en el cual se ordena una auditoria integral relativa a los contratos suscritos con la empresa contratista Queiroz Galvao, por presunto daño económico.                                   

Sin embargo, en 2008 el gabinete aún conformado por Rivero firmó el Decreto 29515 que restablece el contrato con Queiroz Galvao.  Murillo afirmó que incluso se le devolvió el dinero a la empresa brasileña.

El senador opositor dijo que no ético que Rivero investigue a esta empresa, puesto que estuvo involucrada en el gabinete que definió la situación de su contrato. Afirmó que la oficialista será  juez y parte.

Rivero es la presidente de la Comisión Mixta que investiga los presuntos sobornos de empresas brasileñas para adjudicarse contratos estatales. 

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