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 Hilton Heredia García/ Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.>

El Gobierno se juega por el pago del doble aguinaldo. Todos los indicadores del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a tal objetivo. A ello se agrega una mayor inversión pública en el segundo semestre, mejor producción de gas, aumento en las recaudaciones impositivas y la reactivación de la minería. Mientras tanto, los empresarios privados se declararon en emergencia por la reglamentación salarial definida por el Gobierno.

Una investigación de money.com.bo revela que el Poder Ejecutivo prácticamente selló el pago del beneficio tomando en cuenta los indicadores del INE desde 2017 hasta el primer trimestre de 2018 (ver cuadros). Empero, aún falta oficializar el crecimiento para hacer efectivo el beneficio.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia registró una variación positiva de 4,20%, durante el periodo acumulado entre enero y diciembre de 2017 con respecto a enero-diciembre 2016, según los datos del INE.

Las actividades económicas que destacan por su crecimiento en 2017 fueron Agricultura, pecuaria, silvicultura, caza y pesca con el 7,60%; Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,21% y comercio 5,09%. La única actividad que registró variación negativa fue Extracción de Minas y Canteras 0,61%.

El beneficio creado mediante el denominado decreto Esfuerzo por Bolivia en 2013, establece en el artículo 1 que el pago del beneficio en el sector público y privado será otorgado en cada gestión fiscal cuando el crecimiento anual del PIB supere el 4,5%.

En ese marco altas fuentes del Gobierno anticiparon que las condiciones para pagar el segundo aguinaldo están dadas y que el Gobierno no está forzando el pago de este beneficio.

Cainco ve desincentivo

Por su lado, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), señaló que uno de los efectos de asegurar el pago del Doble Aguinaldo para este año, va en contraposición al objetivo del mismo, pues en vez de alentar la productividad del trabajador la desincentiva.

Jorge Arias, presidente de esta entidad empresarial, señaló que en el actual contexto económico el pago de esta carga laboral da señales claras de que esta política no es la más adecuada para el país.

“Esta medida no incentiva la productividad. Se supone que con la misma existiría el aliciente para que los trabajadores puedan producir más y percibir este ingreso adicional. Sin embargo, la masa de trabajadores es tan amplia que el incentivo se diluye y no existe ningún estímulo para subir la productividad laboral”, aseveró. Esto se agrava porque con la declaración prematura de que se pagaría este año, se frena cualquier incentivo para aumentar la producción por parte de los trabajadores.

Por otra parte, con esta medida se establece una política que castiga a las empresas que tienen dificultades y a instituciones sin fines de lucro. Este aguinaldo lo deben dar todos los empleadores, independientemente de su situación económica, lo cual golpea a aquellas que con serias dificultades han mantenido sus ingresos, y más aún a las que registraron caídas. La falta de reconocimiento de la pluralidad y diversidad del tejido empresarial hace que empresas y aún instituciones sin fines de lucro, tengan que erogar un monto adicional sin tomar en cuenta los aumentos reales de las ventas o ingresos que hayan experimentado.

Como consecuencia esta norma complica el flujo de caja de todas las instituciones. Con esta medida, todas las entidades que contratan trabajadores, ya sean privadas, públicas o sin fines de lucro, deben presupuestar un flujo de caja equivalente a tres meses de salarios en un periodo corto de 30 días. Esta situación no va en línea con el flujo de ingresos de la mayoría de las empresas, con el patrón estacional de las recaudaciones fiscales y los ingresos de instituciones sin fines de lucro. Por tanto, es desacertada porque tensiona innecesariamente la liquidez de las entidades de todo el país.

Egreso superior a los Bs 2.000 millones

La Cainco refiere que es una medida que implica mayor vulnerabilidad a nivel fiscal. Este aguinaldo implica un egreso superior a Bs 2.000 millones para el Estado, lo cual acrecentaría el déficit fiscal en torno a un punto porcentual del PIB, generando un impacto negativo cuando la situación fiscal de estos últimos años ha sido frágil. Además, esto se reflejaría en un mayor déficit externo.

“Señalamos estos puntos con el objetivo que el Gobierno nacional pueda reflexionar sobre la política laboral. De no hacerlo, podríamos lamentar la disminución de la productividad, una mayor complicación en empresas que ya tienen dificultades, que se tensiones el flujo de caja en todo el país y que la situación macroeconómica se torne más vulnerable”, concluyó Arias.

CEPB en emergencia por reglamentación

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, mediante un comunicado público, rechazó el contenido de la Resolución 413/18 a la que califica de “discriminatoria y sesgada” y afirmó que esta norma muestra “la intencionalidad de sectores del Gobierno, de afectar de manera persistente y sistemática, la estabilidad y crecimiento del sector privado boliviano, al se lo somete a un tratamiento clara y manifiestamente discriminatorio, con relación al sector público”.

El pasado 3 de mayo, el Ministerio de Trabajo emitió la Resolución 413/18 que reglamenta para el sector privado, el pago del incremento salarial fijado en 5.5% y del salario mínimo establecido en 2.060 Bs mensuales, y que señala que las normas laborales se deben aplicar bajo principios como “primacía de la relación laboral, continuidad y estabilidad laboral y no discriminación”.

La entidad privada argumenta su posición señalando que para las entidades públicas se deja a criterio de sus autoridades, aumentar o no el salario mensual, en función de la disponibilidad y sostenibilidad financiera; mientras que para el sector privado el incremento es obligatorio, sobre la base del 5.5% y sometido a una posterior negociación con las organizaciones sindicales de cada empresas, lo que expone al sector “a exigencias adicionales por parte de los trabajadores”.

“Esta sola determinación vulnera el derecho constitucional de igualdad plena entre bolivianos”, afirman.

Según la CEPB la decisión gubernamental de proteger únicamente la situación financiera de las instituciones públicas, “muestra claramente su absoluto desinterés por la sostenibilidad del empleo y la situación que pueden atravesar las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas, en temas como su capacidad para sostener su planilla de trabajadores, realizar inversiones e incluso honrar sus deudas”.

Más adelante también afirman que la cautela del gobierno para determinar los aumentos salariales en el sector público, contradice al discurso de un crecimiento sostenido de la economía y la estabilidad y eficiencia de las empresas públicas y “evidencia la falta de condiciones para el pago del segundo aguinaldo, ya que si el gobierno entiende que no hay recursos en las entidades del Estado para autorizar incrementos salariales equitativos, no puede asumirse que habrá disponibilidad para aquel beneficio”.

Asimismo, el comunicado alude a la determinación de fijar plazos fatales para el pago del retroactivo y la presentación de acuerdos salariales. En este tema, señala la CEPB, “la Resolución incluye amenazas de multas onerosas y arbitrarias, que colocan a los empresarios, en una total indefensión frente a eventuales demandas excesivas, que pueden

generar conflictos laborales, insostenibilidad e incluso cierres o quiebras, los que pueden ser utilizados como argumentos para activar los efectos de la Ley de Empresas Sociales”.

Fundación Jubileo alerta

La Fundación Jubileo asegura con base en datos oficiales, que el presupuesto de sueldos en el sector público se multiplicó cinco veces más desde la gestión 2005 y advierte riesgo latente si sigue creciendo.

La información está registrada en la revista Jubileo que en su publicación 37 titula: “Pasó la bonanza, sube la deuda y sigue el gasto”.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Economía y Finanzas en 2005 el gasto en sueldos ascendía a 7.379 millones de bolivianos y para esta gestión 2018 está presupuestado 38.845 millones de bolivianos.

“El presupuesto de sueldos y salarios aumentó nuevamente el 2018 en 7,6% con relación a la gestión 2017. En los últimos 13 años, el incremento equivale a más de cinco veces”, sostiene la organización sin fines de lucro.

EcoFinanzas