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El fiscal general, designado por la Asamblea Constituyente de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado la detención de 11 miembros de la junta directiva de Banesco, el principal banco privado de ese país.

Los arrestados, dos de ellos con nacionalidad española por ser hijos de inmigrantes, están acusados de favorecer, “por acción u omisión” una red de transacciones cambiarias ilegales existentes en la frontera con Colombia, alimentadas por el dólar del mercado negro, a través de la cual muchos emigrantes venezolanos estaban enviando remesas a sus familiares.

Banesco, que es propiedad de Juan Carlos Escotet, venezolano hijo de españoles y propietario de la sociedad financiera Abanca, ha sido intervenido por el Gobierno durante 90 días. Escotet ha anunciado que deja temporalmente la presidencia de Abanca para viajar a Caracas a atender los problemas de Banesco.

En su pronunciamiento, el fiscal general dejó entrever que tales operaciones forman parte del "ataque sistemático a la moneda nacional", llevado adelante por "mafias económicas", a través de las cuales, según él, se realizan gestiones clandestinas para extraer de circulación el papel moneda del país, que en este momento es casi inexistente.

Pocas horas después, “por no cumplir sus funciones preventivas”, el Gobierno venezolano ha anunciado la intervención “por 90 días” de Banesco, “para garantizar el pleno funcionamiento y la continuidad la prestación del servicios”, de la entidad. El Ejecutivo de Maduro designó como presidente de su junta administradora a Yomana Koteich, actual viceministra de Finanzas.

ESCOTET DEJA TEMPORALMENTE LA PRESIDENCIA DE ABANCA

Abanca ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Juan Carlos Escotet ha comunicado al Consejo de administración del banco "su voluntad de ausentarse temporalmente en sus funciones de presidente no ejecutivo con la finalidad de atender y apoyar a los equipo de sus empresas sitas en Venezuela ante la gravedad de los hechos políticos que allí acontecen".

Durante la ausencia de Escotet, será Eduardo Eraña Guerra, presidente de la Comisión de Nombramientos, el que asuma las funciones de la presidencia no ejecutiva, ha informado la empresa.

Juan Carlos Escotet, propietario de Banesco, ha anunciado entretanto su regreso a Caracas, con el objetivo de hacer frente personalmente a la situación y acompañar a los gerentes acusados. El banquero se mostró seguro de poder aclarar los planteamientos del Gobierno. “Creo en Venezuela, en mis compañeros, y voy a dar la cara”, afirmó.

Los gerentes afectados integran la plana mayor de la institución: Oscar Doval, presidente ejecutivo; Marco Tulio Ortega, consultor jurídico; Jesús Guillermo Irausquín, vicepresidente; Teresa Di Prisco Pascale, oficial de cumplimiento; Liz Sánchez, directora; Carmen Teresa Lorenzo, oficial de cumplimiento; Carlos Martín Lorenzo, vicepresidente; Pedro Pablo Pernía, vicepresidente; Belinda Payares, vicepresidente; Davis Antonio Romero, gerente; y Cosme Betancourt, gerente. Saab informó que, en total, hay detenidas 134 personas, y otras 394 tienen órdenes de aprehensión.

Los directivos de Banesco fueron llevados a declarar la noche anterior por este caso, pero no a tribunales ordinarios, sino a la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM). De acuerdo a los reportes, antes habían sido invitados a una reunión, aparentemente rutinaria, ante la Superintendencia de Depósitos Bancarios, y luego llevados de sorpresa a la sede de la ContraInteligencia Militar. Parte importante de estos gerentes ya estaban presos cuando Saab hizo el anuncio oficial correspondiente.

La Vicepresidencia de la República emitió este jueves un comunicado en el cual señala que estas personas “omitieron una serie de irregularidades que no fueron notificadas a la Superintendencia de Depósitos Bancarios". Un día antes, el propio vicepresidente, Tarek El Aissami, presentaba en la televisión estatal los detalles de la Operación Manos de Papel, procedimiento policial de inteligencia concebido “para desmantelar estas redes económicas clandestinas ”, que operan en una economía hundida en los dominios del mercado negro, cuyos dígitos inflacionarios y cambiarios están completamente fuera de control.

De acuerdo a la interpretación oficial, la operación de estos grupos propina duros golpes a la estabilidad económica del país. El Aissami dijo que las pesquisas han obligado al Gobierno a congelar 1.133 cuentas bancarias ilegales, el 90% de las cuales pertenecerían a Banesco.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha mantenido en vigor un draconiano régimen de control cambiario, heredado de los años de Hugo Chávez, cuya existencia alcanza ya los 15 años. Esta medida se ha constituido en la palanca para la gestación de un sinfín de negocios ilegales de actores privados, pero sobre todo de funcionarios públicos, ministros, viceministros, superindententes, militantes chavistas y efectivos militares, que han podido multiplicar sus fortunas especulando con la existencia de tres tipos de cambio y el contrabando de extracción de comida y materias primas. Esta circunstancia, de carácter crónico, ha producido una enorme sangría de divisas en el país, y explica en buena medida el estado actual de quiebra de Venezuela.

El Aissami anunció también que, a partir de este momento, han sido autorizadas la existencia de casas de cambio –que llevan más de 10 años desaparecidas del país- , pero sólo en la frontera, y “las zonas económicas especiales”, con el objetivo de que los ciudadanos puedan cambiar sus recursos sin inconvenientes.

Académicos y economistas llevan mucho tiempo pidiendo al Gobierno que levante los controles y reformule su estrategia monetaria, cambiaria y fiscal, para retomar así la senda del crecimiento y conjurar la hiperinflación. Negado de plano a considerar la medida, los portavoces calificados de chavistas atribuían el vigor de los vaivenes especulativos con el dólar a la existencia de la web Dólar Today, un portal de carácter opositor que opera desde el exterior, muy activo en las redes sociales, y que todos los días violenta las regulaciones oficiales haciendo público el precio del dólar negro, cuya tasa no es reconocida por el Ejecutivo y no puede mencionarse en público.

EcoFinanzas