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Pese al rechazo del sector privado, el pleno de la Cámara de Diputados sancionó la Ley de Creación de Empresas Sociales, acorde al artículo 54 de la Constitución Política del Estado, y con el objetivo de brindar certidumbre y estabilidad laboral a los trabajadores de empresas privadas, que si entran en quiebra o abandono injustificado podrán crear una empresa social para preservar sus fuentes laborales. 

"El pleno de Diputados_Bol sanciona la Ley de Creación de Empresas Sociales", señala un mensaje en la cuenta en Twitter de esa instancia legislativa.

La norma que fue aprobada la noche del jueves, establece que una empresa social será constituida por los trabajadores activos de una compañía privada que se encuentre en quiebra o liquidación conforme al Código de Comercio, o cuando exista cierre o abandono injustificado, cuya finalidad es reactivarla en defensa de las fuentes de laborales.

Durante la sesión, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, recordó que la norma fue sancionada luego de haber sido revisada y devuelta a esa instancia por el Senado, luego de realizar modificaciones tras reuniones entre los presidentes de la Asamblea Legislativa junto a representantes de los empresarios privados.

"Entre los acuerdos alcanzados con el sector privado está el hecho de que no se considerarán las pretensiones de constituir una empresa social en los casos en que se demuestre intencionalidad de perjuicio contra la productividad", señaló.

Además, dijo que la norma establece que los trabajadores que se acojan a los alcances de esta ley, deberán asumir la responsabilidad y el riesgo de controlar la administración del patrimonio de la empresa, mediante convenio interno y equitativo.

La ley está compuesta por 10 artículos y dos disposiciones adicionales y una vez aprobada en la Cámara Baja fue enviada al Órgano Ejecutivo para su promulgación el 1 de mayo.

Cainco alerta riesgos económicos

Ante el anuncio del incremento salarial desproporcionado del 5.5% al haber básico de los trabajadores y la apresurada aprobación del Proyecto de Ley de Empresas Sociales por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Cainco emitió un pronunciamiento en el que se declara en estado de alerta y lamenta profundamente que el Gobierno Nacional haya valorado otros criterios por encima de las justificaciones económicas, legales y técnicas.

"Con relación al incremento salarial, reiteramos que el sector empresarial no está en condiciones de soportar esta carga y que la medida afectará seriamente al empleo formal, ocasionando perjuicios significativos al aparato productivo nacional. De igual manera, esta disposición agudizará aún más el alto déficit fiscal del Estado, generando un entorno de mayor vulnerabilidad macroeconómica para el país, situación que, además de ser insostenible en el tiempo, compromete seriamente cada vez más la capacidad de las empresas, del Estado y el futuro de todos los bolivianos", señala el documento. 

De la misma forma, observan con profunda preocupación que la aprobación del Proyecto de Ley de Empresas Sociales viola principios fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, como son el derecho legítimo a la propiedad privada, la seguridad jurídica, la igualdad, el derecho a la defensa y el debido proceso, entre otros.

"En caso de promulgarse esta Ley, se generaría un estado de desprotección a todas las empresas privadas con su consecuente freno en las iniciativas de nuevos proyectos y mayor inversión; también, se podría motivar el enfrentamiento y eventual sabotaje en las empresas, dificultando la relación entre empleadores y trabajadores. Prueba de ello es que, sin estar aún aprobada la disposición legal, algunos dirigentes sindicales ya están amenazando al sector empresarial con tomar las fábricas por la fuerza y con violencia", agrega. 

En ese sentido, rechazan vehementemente las medidas antes descritas y llaman a las autoridades a la reflexión, solicitándoles que revisen la determinación del incremento salarial y suspendan la promulgación del Proyecto de Ley de Empresas Sociales, cumpliendo de este modo su deber constitucional de velar por la salud de la economía nacional en su conjunto. "De no hacerlo, avizoramos un futuro que no es nada alentador para la economía nacional", agrega. 

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