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Pese al rechazo empresarial, el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, informó el miércoles que el Gobierno prevé que la nueva Ley de Empresas Sociales sea promulgada el 1 de mayo, en el marco de la celebración por el Día del Trabajador.
 
"Está en el orden del día de la Asamblea Legislativa Plurinacional, esperamos que sí sea promulgada el 1 de mayo", dijo.

Hinojosa explicó que esa norma fue aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados, y actualmente se definen aspectos puntuales entre la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Cámara de Senadores.

La norma busca proteger el derecho al trabajo de los empleados debido a que muchas veces es vulnerado por el cierre intempestivo de empresas en el país.

Así también, indicó que la norma permite que los trabajadores creen empresas sociales y mantengan sus fuentes de trabajo sobre la base de un capital social que son los salarios, los beneficios sociales aguinaldos y otros que no son pagados por los empresarios.

Precisó que según el artículo 54 de la Constitución Política del Estado existen tres modalidades para crear empresas sociales en el país: quiebra, liquidación y abandono.

"Tienen un procedimiento jurídico que no afecta el derecho de otros pero que, si consolida la posibilidad de que los trabajadores puedan mantener sus fuentes de trabajo", acotó.
 
Empresarios rechazan el proyecto
 
El presidente de la Cainco, Jorge Arias, señaló que con esta Ley se establecerá un ambiente de inseguridad en el sector empresarial. “Los empresarios correrán el riesgo de perder todo en lo que invirtieron ante una supuesta situación o argumento de abandono, concurso preventivo o quiebra, ya que quedaría a la simple discreción subjetiva de presiones sindicales… Así es imposible que se incentive la inversión en el país. No conocemos normativa similar en el mundo y obvio que nadie arriesgaría con una Ley que otorgue semejante riesgo al capital y la propiedad privada”, subrayó.

Actualmente el país cuenta con un régimen laboral rígido que llega a afectar al propio trabajador porque imposibilita la generación de más fuentes de empleo y el acceso de la población al mercado laboral. Con la ley laboral ya se han generado presiones excesivas de parte de algunos abogados asesores de sindicatos en detrimento de las empresas, exigiendo pliegos petitorios más allá de lo que la propia norma establece. “Con este proyecto de Ley se le estaría dejando una mayor vulnerabilidad a toda la empresa”, reflexionó Arias.

Esta preocupación fue expuesta por Cainco al Ministerio de la Presidencia y en especial a los Presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores, quienes recogieron los argumentos presentados y mostraron su buena predisposición para revisar el alcance del documento y analizar la realización de los ajustes que se proponen desde el sector empresarial. “La falta de un equilibrio en esta normativa destruiría lo que se ha venido construyendo en materia económica en el país”, resaltó Arias.

Las principales preocupaciones están orientadas a la transmisión de la totalidad de activos y no así de los pasivos en caso de la conformación de Empresas Sociales; la definición objetiva y clara de abandono de la empresa; la cuantificación de las deudas de los trabajadores por autoridad competente; la incorporación de normas equilibradas y en igualdad de condiciones para la empresa pública, privada y mixta en esta normativa.

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