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El informe ciudadano sobre el estado del país elaborado por casi una treintena de colectivos ciudadanos y plataformas de la sociedad civil advierte que la abundante normativa aprobada a lo largo de los 12 años en el Gobierno del presidente Evo Morales, posibilitó a las empresas estratégicas y ministerios, la contratación por invitación directa de bienes y servicios que dio lugar a hechos de corrupción.
 
El documento denominado Informe País señala que la corrupción es uno de los aspectos que más preocupa a la población boliviana con relación a la gestión del actual Gobierno. “Con el discrecional sistema de compras estatales y la arbitrariedad con la que se designa a las máximas autoridades de las principales entidades públicas, el Gobierno masista ha creado un verdadero Estado antipatria por diseño y legalizado en la norma”, apuntan.
 
Los colectivos ciudadanos observan que el Gobierno ha creado una abundante y pesada normativa de contrataciones estatales, como el decreto supremo 181 de junio 2009, que establece las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, definiendo diferentes modalidades de contratación, la mayoría de ellas “peligrosamente discrecionales”, señala la red Erbol.
 
También mencionan que el Presidente promulgó el decreto 9506 de julio 2007, que autoriza a YPFB a realizar contrataciones directas, mientras que el decreto 981 de septiembre de 2011 autoriza al Ministerio de la Presidencia la “contratación directa de obras, bienes y servicios para los proyectos y programas ejecutados por la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE”.

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