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Hilton Heredia García/ Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.>

Pese a la derogación de dos artículos, el nuevo Código de Sistema Penal, sigue generando el rechazo de diferentes sectores y principalmente de los departamentos. Los comités cívicos de cinco regiones, respaldados por los médicos, transportistas, la COB, juntas vecinales, empresarios, gremiales, esposas de policías, etc han decidido dar un plazo final de cinco días al Gobierno para que anule la norma, dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y respetar la Constitución Política del Estado. Si no lo hace, accionarán medidas como un paro nacional, bloqueos, marchas y un revocatorio para los diputados del MAS.

La decisión fue adoptada mediante un voto resolutivo en la ciudad de Cochabamba. Juan Flores, presidente cívico de la ciudad del valle afirmó que la cita contó con la presencia de representantes mineros, dirigentes de la Central Obrera Regional de El Alto (COR), cívicos de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Pando, Tarija, el transporte pesado, etc.

 

Por su lado, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Wilfredo Rojo confirmó a Money.com.bo que impugnarán la norma ante el Tribunal Constitucional, argumentando que este no beneficia  al desarrollo de la sociedad. Así lo decidió una resolución de directorio.

Indicó que la nueva norma en su artículo 75, referido a las sanciones a personas jurídicas, atenta contra los derechos de las empresas en temas jurídicos. "Independientemente de las negociaciones que se dieron entre los empresarios y las Cámaras de Diputados y Senado, nosotros vamos a tomar acciones porque no satisface a los empresarios en su totalidad, no estamos de acuerdo con este nuevo Código", precisó.

Consultado sobre los efectos de los paros cívicos y movilizaciones, dijo que los exportadores son los más afectados. Citó que el hecho que se interrumpa la logística altera los ánimos en los establecimientos industriales y por otro lado el hecho de que estén cortadas las carreteras y que los camioneros paralicen actividades realmente perfora la actividad económica.

“Hay contratos firmados a nivel exterior y a ellos no les interesa lo que pueda suceder en el país. Hay cláusulas establecidas para cumplir con los mercados. Los empresarios de afuera dicen que Bolivia es un país de alto riesgo. Esto trae consecuencias económicas individuales. Alguien habló de una pérdida de entre 27 y 30 millones de dólares en Santa Cruz por un paro de 24 horas. Nosotros como exportadores hemos hecho un estudio y están alrededor de 7 y 8 millones de dólares”, precisó.

Wilfredo Rojo, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb)

Asimismo, indicó que el país en su conjunto está convulsionado y eso preocupa. En ese marco, exhortó a que el Gobierno tome cartas en el asunto en el sentido de que pueda ver la posibilidad de atender estas demandas para tener un país trabajando sin interrupciones.

Añadió que en el largo plazo se resienten los compradores externos, pues la mayoría de los productos nacionales que se exportan son alimentos.

“Hay veces se pierden contratos, otras veces son tolerables, hay otros que nos hacen perder la logística (barcos) para sacar los productos, los costos de alquiler en camión son más caros, etc”, acotó Rojo.

Sobre el comportamiento de las exportaciones para 2018, proyectó que será casi similar a 2017, pero ello dependerá de la clase de producto que se exporte.

En el tema de gas refirió que será casi igual; la minería crecerá un poco; en los productos no tradicionales después de dos años habrán exportaciones de azúcar y alcohol por la liberación que se ha dado; en el tema carne considera que no se registrarán hechos significativos y respecto a la soya prevé que habrá mejor cosecha pese a las lluvias.

En torno a la agenda pendiente con el Gobierno dijo faltan resolver la liberación total de las exportaciones, la devolución de los Cedeims, el tipo de cambio que atenta a la competitividad del sector y el impulso a las exportaciones no tradicionales. Perfilan que el crecimiento del PIB en 2018 estará en el orden del 3,8%.

Transporte pesado

El ejecutivo de la Federación de Transporte Pesado de Santa Cruz, Juan Yujra, advirtió que ese sector no dialogará con el Gobierno nacional hasta que se abrogue el Código de Sistema Penal y que acatarán las medidas que definan sus dirigentes nacionales.

"No estamos como transportistas sino como ciudadanos y pese a que nos invitaron a dialogar, no vamos a asistir porque ellos no han cumplido varios acuerdos y vamos a seguir movilizados hasta que abroguen el Código Penal", dijo.


El dirigente agregó que ese sector definió acatarlas medidas establecidas por la Coordinadora Nacional, que se moviliza en contra el fallo constitucional que aprueba la repostulación de autoridades nacionales y subnacionales en futuras elecciones y exige la abrogación del Código Penal.

Por su lado, el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, dijo mediante un comunicado, que el abuso de las autoridades, la corrupción, la manipulación de la justicia, entre otros, han llevado a la mayor parte de la población a sentir absoluto hastío a las políticas del Gobierno, y consecuencia de ello se ha forjado la Agenda de Enero que demanda tres puntos y le dice “no” a esta administración.

“La gente está cansada de la corrupción. La gente está cansada de la manipulación de la justicia, que se hizo patente en el aberrante fallo del Tribunal Constitucional sobre la reelección del presidente Morales. La gente está cansada de que éste no respete la Constitución ni el voto del 21F”, se lee en el comunicado del político.

A partir de este cansancio, agrega, es que ha nacido la “Agenda de enero”. “Esta Agenda tiene tres puntos: a) Abrogar el Código Penal; b) frenar la reelección de Evo Morales y lograr que el Presidente se vaya en 2020 como manda la Constitución y el voto popular; y, c) parar el despilfarro de los escasos recursos que tiene el Estado”.

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