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Hilton Heredia García/ Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.>

El transporte pesado nacional e internacional se enoja con el Gobierno y amenaza con un paro indefinido en todo el país a partir del próximo lunes si es que el Gobierno no abroga en su totalidad el nuevo Código Penal y elabora uno nuevo. Las organizaciones que agrupan al transporte rechazaron los artículos 137, 155, 214, 174, 205, 293, 294 y 295 y emitieron un voto resolutivo contundente en la ciudad de Potosí.

El voto resolutivo señala seis puntos. La abrogación inmediata de la nueva normativa; el plazo máximo es hasta el lunes 8 de enero caso contrario se inicia un paro indefinido; estado de emergencia y vigilia del autotransporte en todos los departamentos; se exige la elaboración inmediata de la Ley de la Calzada; se desconoce a todos los representantes senadores y diputados transportistas por no haber consensuado ni socializado la norma; finalmente se desconoce la representatividad del señor Ismael Fernández en la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia.

Así lo señala la resolución firmada por todos los dirigentes del transporte. El documento al que tuvo acceso el diario digital Money.com.bo señala que el sector queda movilizado a partir de la fecha.

Uno de los artículos más polémicos es el 137 que se refiere al tipo penal de homicidio culposo con Medio de Transporte, el cual castiga con dos a cuatro años de cárcel, reparación económica e inhabilitación a los choferes que por impericia generen un hecho de tránsito con muerte.                   

El secretario general del Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional (SCHATIN), Pedro Quispe, informó que abogados analizaron la norma y alertaron que los choferes que incurran en ese tipo penal no podrán trabajar más porque serían inhabilitados y, además, tendrán sus bienes en peligro porque se los puede rematar para pagar la reparación económica.

Quispe lamentó que con esta norma un chofer no podrá tener ningún accidente, porque de los contrario no tendrá una fuente laboral. Agregó que en ese escenario la contratación de seguros no tendrá sentido.   

“No salimos a matar, salimos a trabajar. Le Ley está muy mal hecha”, manifestó.

Por su parte, el ejecutivo del Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional (CEATPENAL), Édgar Tola, criticó al nuevo Código Penal por “criminalizar al transportista”. 

Recordó que se sector tuvo negociaciones con el Gobierno por otros temas sin resultados positivos, pero con la nueva norma la situación se agrava. “Con esto más es de mucha preocupación. El transporte pesado se está poniendo las pilas”, advirtió.

Cocaleros también amenazan

La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), que agrupa a los productores de los Yungas, expresó su “respaldo total” a las protestas de los médicos contra el nuevo Código del Sistema Penal y advirtió con realizar medidas de presión contra esa norma.

Los médicos llevan 42 días de paro, con huelgas de hambre y movilizaciones, en contra del artículo 205 del nuevo Código Penal, porque a su criterio criminaliza su profesión.    

El presidente de la Adepcoca, Franclin Gutiérrez, manifestó el respaldo de su sector a los galenos acusó al Gobierno de buscar la encarcelación de los médicos bajo el pretexto de la mala práctica profesional. 

Dijo que el Código Penal también afecta a los cocaleros . Calificó a esa norma como “instrumento represor”, con el que el Gobierno busca intimidar y procesar para que no haya manifestaciones de sectores que reclamen sus derechos.

Evo da por resuelto el conflicto

El presidente Evo Morales dio por resuelto el conflicto médico y exhortó a los profesionales en salud a retornar a sus fuentes de trabajo.

“El tema médico está resuelto con el acuerdo firmado en la víspera; lo político se resolverá con el voto del pueblo de Bolivia. Por eso, pido a los médicos vuelvan a atender la salud del pueblo”, escribió la tarde de este miércoles a través de su cuenta twitter.

El pronunciamiento del jefe de Estado se produjo luego que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmara la mañana de este miércoles que detrás de esta movilización de mandiles blancos, se está ocultado una movilización política conspirativa.

Romero insistió en que el gobierno firmó seis convenios donde los dirigentes médicos llegaron a un acuerdo sobre los decretos 3031, 3032 y el 3385 referido a la creación de la Autoridad de Fiscalización de Salud, e incluso en el acuerdo de Cochabamba, se comprometió la derogatoria de los decretos y se dejó en suspenso el artículos 205 del Código de Sistemas Penales.

Sin embargo el ministro expresó su molestia porque el diálogo de Cochabamba no fue de buena fe y dijo sentirse traicionado y dolido por la actitud de los médicos que decidieron “borrar con el codo lo que firmaron con la mano”.

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