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La desaceleración económica continuará en 2018. Ante tal situación, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) urge al Gobierno a aplicar medidas contracíclicas efectivas y de largo plazo que garanticen condiciones de desarrollo económico verdaderamente sostenibles

La institución advirtió su preocupación porque en 2017 se acentuó el clima de desaceleración económica, caracterizado por la profundización de los déficits gemelos (déficit fiscal y déficit comercial) y el aumento de la deuda pública interna y externa.

"Alertamos, que, de no tomarse medidas efectivas y oportunas, este clima de desaceleración económica puede llegar a traducirse, en un impacto negativo de proporciones importantes sobre la inversión, la producción industrial y la generación de empleo productivo y formal", indica una nota de prensa.  

Durante el año que termina, el modelo de desarrollo primario exportador, ha seguido profundizándose, y se ha hecho evidente que las políticas públicas no han generado logros sobresalientes en la diversificación productiva y la promoción del desarrollo industrial manufacturero, señalan. Creemos, que, lamentablemente y como se evidenció en el mensaje del 6 de agosto pasado, el presidente Evo Morales se olvidó de la industria manufacturera privada formal.

"En 2017, a la importación ilegal de productos manufacturados como alimentos, textiles, muebles, productos farmacéuticos, bebidas y calzados, se han sumado, la exportación ilegal de materia prima como, por ejemplo, madera y cueros y el creciente comercio informal, para agravar la competencia desleal y desigual que sufren las industrias formales en el país. En este escenario, los esfuerzos de lucha contra el contrabando por parte de la Aduana Nacional de Bolivia fueron destacables pero insuficientes y queda en evidencia que se requiere, una decisión política clara y contundente de lucha frontal contra esta actividad ilícita", agrega.

Al igual que lo que ha sucedido en los últimos años, en esta gestión que concluye, el sector industrial manufacturero, ha continuado experimentando un exceso de emisión de normas regulatorias, que si bien se enfocan en temas importantes, sobre los que no queda duda que es necesario legislar.

"En la mayoría de los casos implican cargas y costos adicionales para la industria formal, que podrían ser evitados, si existiera una adecuada coordinación entre el sector público y el privado, para que los proyectos de normas sean discutidos a nivel técnico, eliminando así, excesos o inconsistencias que posteriormente inviabilicen su aplicación", concluye. 

Este mismo criterio, se aplica para el caso de otras Instituciones públicas  como el Servicio de Impuestos Nacionales, que ha emitido normas que aumentan sostenidamente la fiscalización tributaria, enfocándose sin embargo casi únicamente sobre el sector empresarial privado formal, lo cual deja una enorme porción del universo tributario potencial, libre para continuar evadiendo sus obligaciones tributarias.

En este mismo sentido, no es posible dejar de mencionar que  en 2017 el sector industrial manufacturero, experimentó los efectos negativos de las resoluciones de incremento del 3% a la tarifa eléctrica y el incremento de hasta el 48% a la tarifa de gas natural. Estos hechos son cargas adicionales que elsector industrial debe enfrentar, y que, en definitiva, son obstáculos para su desarrollo y el del propio país.

Ante esta situación, la CNI ha redoblado sus esfuerzos por representar y defender los intereses del sector industrial formal. Consecuentemente, ha presentado cinco recursos  de impugnación ante diferentes entidades públicas con varios casos en los que ha logrado modificaciones  a las normas recurridas. Asimismo y a pesar de los nulos antecedentes favorables, la CNI ha reemprendido un intenso diálogo público – privado con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y otras instituciones públicas.

De igual forma, la CNI ha continuado siendo parte de los esfuerzos de diálogo con el gobierno, iniciados hace tres años y en los que han participado otros entes gremiales empresariales generando más de 80 puntos, que requieren atención para mejorar el desempeño de la empresa privada, a través de políticas públicas que promuevan su desarrollo. Lamentamos, que a pesar del tiempo y recursos dedicados, ninguno de esos puntos haya recibido respuesta satisfactoria de parte del gobierno.

El sector industrial manufacturero, en la última reunión de presidentes del sector industrial,  realizada en Cochabamba a mediados del presente año, expresó y  ratificó su vocación de diálogo con el sector público, para tratar temas permanentemente vigentes y apremiantes, como el contrabando,  el comercio informal, la inflexible política  laboral, los incrementos salariales aplicados sin consulta al sector privado, la sobre regulación y  la excesiva fiscalización sobre las industrias formales,  mismos que generan un clima de negocios adverso para la iniciativa privada y restan productividad y competitividad a la producción hecha en Bolivia.

 

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