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Hilton Heredia García / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se declaró preocupada este miércoles por el proceder del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demandó que se garantice la supremacía de la Constitución Política del Estado (CPE).

La posición de los empresarios surgió de una reunión efectuada con entidades de su sector a escala nacional, donde se realizó un análisis de los resultados de las elecciones judiciales y la decisión del TCP de dejar sin efecto cuatro artículos de la CPE para permitir la repostulación indefinida de autoridades electas.

La CEPB planteó concretamente un acuerdo de concertación para recuperar la institucionalidad del Órgano Judicial debido a que el resultado de la votación del tres de diciembre, profundizó aún más la crisis del sistema judicial y cuestionó la legitimidad de las autoridades electas, poniendo en entredicho, un proceso que, a criterio de los empresarios “pudo haber sido la base de una reforma estructural de la justicia boliviana”, según afirma un comunicado oficial de la institución.

La entidad, que agrupa al sector empresarial boliviano, señala además su preocupación por “las consecuencias de la inadecuada administración de justicia, reflejada en los últimos fallos emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional” y demandan que “se garantice la fuerza, supremacía y principios de la Constitución Política del Estado”.

Para los empresarios, el desconocimiento y la vulneración de la Constitución Política del Estado “generan incertidumbre y falta de credibilidad”, lo cual incide en los en los avances alcanzados como sociedad democrática.

El comunicado recuerda que la Constitución Política del Estado es un pacto social entre todos los bolivianos que establece que “la soberanía reside en el pueblo y, se ejerce de manera directa y delegada, estableciendo el marco jurídico al cual los bolivianos, democráticamente, nos hemos obligado”, y cuyo desconocimiento y vulneración “(…) generan incertidumbre y falta de credibilidad incidiendo, de manera directa, en los avances alcanzados y los objetivos que nos hemos planteado como sociedad democrática”.

La CEPB reiteró su naturaleza independiente de los partidos, pero aclaró que tiene el derecho de opinar sobre los temas políticos “cuando éstos afectan a los valores democráticos, la estabilidad, la institucionalidad y, sobre todo, el bienestar del pueblo boliviano”.

Respecto a los resultados de las elecciones judiciales, donde la mayoría de la población votó nulo, los empresarios advirtieron que se profundizó más la crisis judicial, por lo cual debe existir una reflexión y un trabajo concertado por restituir la confianza en el mismo.

Abogaron por entablar un “gran acuerdo” de concertación para recuperar la institucionalidad del Órgano Judicial.        

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