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Óscar Ortiz, senador Demócrata y candidato presidencial de la Alianza Bolivia Dice No, presentó este martes su informe de fiscalización Contratación y ejecución para la vía férrea Montero – Bulo Bulo, en el que desvela lo que considera el modus operandi del Gobierno del MAS para erigir un ‘muro de protección’ alrededor de los escándalos de corrupción que lo afectan, como ocurrió en el caso mencionado.


Esta infraestructura ferroviaria es parte del proyecto ya concluido de la Planta de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo y debió ser entregada en 2015, pero diversas irregularidades desde la contratación de la constructora (la china CAMC Engineering Co., de la que fue gerente Gabriela Zapata, la exnovia del presidente Evo Morales) impidieron que la obra sea entregada hasta la fecha, es decir con cuatro años de retraso.

Óscar Ortiz, quien fue miembro de la Comisión Especial Mixta de Investigación de Contratos de CAMC con el Estado, señala en su informe que su propósito es mostrar la impunidad con la que ac¬túan altas autoridades del MAS involucradas en actos de corrupción y cómo las entidades llamadas por ley para investigar casos de corrupción, lo que hacen es beneficiar con su inacción a estas altas autoridades.

“Los tribunales, el Ministerio Público, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado y el sistema de lucha contra la corrupción dirigido por el Ministerio de Justicia actúan con doble moral y con dobles estándares de justicia: para unos, los del MAS, la impunidad. Para otros, los opositores, la condena sin juicio”, manifestó el parlamentario de oposición.

Según Ortiz, este modus operandi de la impunidad alcanza, en el caso de la obra ferroviaria, a todas las fases del proceso: desde la adjudicación, pasando por la contratación, la ejecución, el abandono de la obra y finalizando en la inacción para el procesamiento de los responsables.

“Luego de transcurridos casi tres años de presentada la denuncia penal, las investigaciones del Ministerio Público prácticamente no han avanzado; no hay ni un detenido por este caso y la Contraloría General del Estado no realizó las auditorías correspondientes”, se lamentó el representante nacional.

El senador Ortiz apuntó que las irregularidades van desde una irregular modalidad de contratación, a que el Documento Base de Contratación (DBC) tuvo 39 enmiendas, que además se presentaron irregularidades en la calificación de las propuestas, hubo retraso en la firma del contrato sin penalidades pese a que la empresa no tenía sus documentos en orden, que la firma supervisora entró a la obra cuatro meses después de la CAMC y que el Gobierno demoró más de un año en la disolución del contrato con CAMC, pero también que fue la propia Gabriela Zapata quien intercedió en la justicia para que no se ejecuten las boletas de garantía de la empresa china.

“Publico este informe para que quede registrado en la historia de la corrupción y de la vergüenza nacional y sirva como base para los procesos que deberán realizarse cuando el país tenga una justicia independiente”, finaliza el legislador en la introducción del documento.

 

 

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