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El fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, informó de que recibió toda la documentación remitida desde la Fiscalía General de Estado para iniciar con el proceso investigativo del caso Lava Jato.


"Nos ha llegado el requerimiento del Fiscal General del Estado, en el cual nos instruyen que como Fiscalía Departamental de La Paz realicemos las investigaciones en contra de determinadas personas, las cuales ya han sido identificadas de acuerdo al informe que emitió la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)", dijo, citado en una nota de prensa.

En ese caso se tiene a cuatro personas identificadas por la ALP, "por el momento no vamos a mencionar los nombres por la objetividad y la seriedad de la investigación a efectos de realizar un investigación oportuna y eficaz", añadió Alave. 

La autoridad precisó que se decidió dividir el caso en dos investigaciones, por un lado, se encuentran cuatro exfuncionarios que fueron identificados de forma directa por la ALP; y la segunda investigación se centra en quienes habrían tenido "movimientos bancarios inusuales o sospechosos detectados".

"Se está dividiendo la investigación a efectos, primero, de establecer las denuncias hechas por la ALP en contra de estas cuatro personas y posteriormente de estos autores se va a indagar los hechos que nos ha referido la investigación", explicó.

Alave precisó que ese caso ya pasó el filtro de la comisión de admisión por lo que se designó un equipo de tres fiscales, quienes se encargarán de la investigación y analizarán las siete cajas que contienen la documentación con todos los antecedentes del caso y la investigación del Legislativo.

"Se establecieron reuniones con la comisión de fiscales para desarrollar una agenda de trabajo, la cual será remitida al Fiscal General para su conocimiento ya que la información es muy amplia y debemos evaluarla", añadió. 

El caso denominado Lavado de Autos (Lava Jato en portugués) es considerado la mayor investigación de corrupción que ha tocado a varios países de Latinoamérica, entre ellos Bolivia.

Según el informe del Ministerio de Justicia del Brasil, la empresa Camargo Correa habría hecho alusión a Bolivia en un supuesto hecho de corrupción en la adjudicación del tramo carretero Roboré-El Carmen.

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