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La incapacidad para asignar las viviendas a familias de escasos recursos se debe a varios factores, entre otros su precio relativamente elevado y a la falta de documentación saneada y fraccionada que les dé seguridad a los futuros propietarios.

El Estado erogó en los últimos años por lo menos 698,8 millones de bolivianos en la construcción de 2.262 viviendas sociales que nunca asignó y están deshabitadas, según documentos obtenidos de fuentes oficiales por Brújula Digital.

Esas casas y edificios de departamentos sufren problemas debido a la falta de mantenimiento, como filtraciones, muros desviados, problemas en los techos, etc. En las obras realizadas en Cochabamba o Santa Cruz, la maleza cubre las construcciones, mientras en otros condominios los vecinos han robado puertas y ventanas.

Según los documentos obtenidos de la Oficina de Fideicomisos de la Agencia Estatal de Vivienda, que administra el Banco Unión, la incapacidad para asignar las viviendas a familias de escasos recursos se debe a varios factores, entre otros su precio relativamente elevado y a la falta de documentación saneada y fraccionada que les dé seguridad a los futuros propietarios.

Muchas de las viviendas carecen de documentación individual porque los edificios y casas han sido construidos sobre terrenos que no tienen documentación legal ni planos aprobados por los municipios, carecen de documentos aprobados de propiedad horizontal y en ocasiones incumplen con normas municipales de construcción.

Las unidades no tienen documentos como folio real, anotaciones en derechos reales, etc.

Los proyectos que tienen a sus casas y departamentos deshabitados son los de Altos de Cotoca y Urbanización Salóm (Cotoca); Papa Francisco y Condominio Patujú (Warnes); Condominio Pacha (Mecapaca, La Paz); Condominio Pirwa (Tolata); Villa deportiva-La Tamborada (Cochabamba); urbanizaciones Bartolinas 1 y 2 (Sacaba, Chapare); Condominio Mabel Nates (Vinto); urbanización Santa Ana (Santa Cruz). En el caso de Wiphala, en El Alto de La Paz, se han asignado sólo 33 de 336 departamentos.

La Agencia Estatal de Vivienda es la entidad que supervisa la construcción de viviendas sociales y usa para ello recursos que provienen de la recaudación del 2% del aporte patronal a los trabajadores, que van al fideicomiso que administra el Banco Unión.

Sin documentos de propiedad individual

Al no tener, en general, documentos de propiedad individual, los interesados no pueden solicitar créditos hipotecarios a ningún banco del sistema. Los precios, relativamente elevados de las viviendas tampoco permiten que las personas puedan pagar al contado. Quienes sí tienen los recursos para pagar al contado, que son una minoría, tampoco lo hacen porque las viviendas no poseen la documentación requerida.

Algunas de las obras no cuentan con agua potable, como el caso de los 672 departamentos de La Tamborada (villa deportiva de Cochabamba) y otros ni siquiera tienen sistema de alcantarillado o pozo séptico, como los de Santa Ana, en Santa Cruz, y Bartolinas 1 y 2, en Sacaba, Chapare.

En general, los departamentos que promueve la Agencia de Vivienda, que bordean los 80 metros cuadrados de extensión, se ofrecen en montos de entre 40.000 y 50.000 dólares, que terminan costando entre 80.000 y 90.000 dólares incluidos los intereses en créditos a largo plazo. Las casas tienen dimensiones y costos menores.

“A mí me ofrecieron un departamento en Tolata, en el condominio Pirwa, pero no nos daban los documentos, porque no hay papeles de propiedad fraccionados. La Agencia Estatal de Vivienda solo tiene papeles para toda la urbanización, pero no de fraccionamiento. Por eso desistimos de comprar al contado con mi esposa”, dijo Mario Jhonny Lino.

Además, sumados los intereses en un crédito a 20 años, “un departamento puede terminar costando 90.000 dólares, lo que ya no debería ser considerado como vivienda social”, añadió Lino.

Los condominios y urbanizaciones han sido concluidos en algunos casos hace dos o tres años, sin que se hubieran podido solucionar los problemas de falta de documentación y desinterés de la población.

Ni siquiera bajando el precio de los departamentos de Wiphala a 35.000 dólares, ha generado interés.

Nuevo decreto

El director ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda, Gonzalo Rodríguez, admitió la lentitud en la asignación de las viviendas, pero dijo que la reciente aprobación de un decreto supremo ayudará a acelerar el trabajo.

“A diferencia de los condominios privados nosotros no podíamos hacer preventa, pero en agosto de este año se aprobó el DS 3614, que nos faculta a hacer preventas y ventas al contado, antes no había esa posibilidad”, dijo Rodríguez a Brújula Digital.

El funcionario agregó que “antes teníamos que esperar que se terminara todo un proyecto para poder empezar. Ahora ya vamos a lanzar con más fuerza las preventas”.

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