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Hans Montaño Núñez / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.>

Las investigaciones a la constructora brasileña OAS señalada en el escándalo por corrupción internacional denominado ‘Lava Jato’ por supuestas irregularidades en la adjudicación y licitación de proyectos en Perú, Ecuador y Brasil, podrá ampliarse a Bolivia.

OAS participó en tres proyectos por un monto total de $us 749 millones (carreteras Potosí – Uyuni, Potosí – Tarija y Villa Tunari – San Ignacio), obras viales inauguradas por el primer mandatario, Evo Morales, según declaró el senador del Movimiento Demócrata Social, Carlos Pablo Klinsky. Esta empresa brasileña también se adjudicó en Bolivia la carretera que atraviesa el Tipnis y que no pudo ejecutar,  a un costo de $us 123 millones y que no avanzó según el cronograma previsto,

Otras empresas constructoras brasileñas involucradas en supuestos hechos de corrupción son Camargo Correa y Queiroz Galvao.

Aparte de OAS, las firmas referidas también tuvieron participación en obras viales del país, por tanto presuntamente pueden haber incurrido en el pago de coimas a funcionarios bolivianos de niveles ejecutivos y de menor jerarquía, como ya salió publicado en una nota periodística de un diario paceño que menciona a la empresa Camargo Correa acusada de repartir $us 4,3 millones de en 51 pagos en Bolivia para ser favorecida con contratos para la construcción de la carretera Roboré - El Carmen, según el informe enviado a la comisión parlamentaria mixta (oficialistas y opositores) que conformó el Legislativo.

Sin embargo, Klinsky, denunció que “el Gobierno se ha negado a que la comisión conformada en el Congreso pueda investigar a la empresa OAS. Es así que siete miembros de la oposición investigarán las denuncias y coadyuvarán a las investigaciones que se están realizando en Perú y Brasil con respecto a OAS, que el Gobierno ha descartado de la investigación”.

Esta comisión investigadora independientemente de los legisladores del MAS, a decir del asambleísta cruceño, “podrá investigar no sólo lo que quiere el Gobierno; como el caso de los taladros de YPFB, Fondo Indígena y todos los casos de corrupción donde no han sido encontrado culpables o se ha investigado de manera imparcial”. En esta dirección, el senador ‘demócrata’ Arturo Murillo viajó a Perú con el propósito de reunirse con parlamentarios peruanos, la Fiscalía y Poder Judicial para recabar y traer documentación que será entregada al Ministerio Público de Bolivia.

Posteriormente, una comisión de parlamentarios ‘demócratas’ también se trasladarán a Brasil para mantener  contactos con el Poder Judicial, Ministerio Público y diferentes legisladores brasileños que han hecho estas investigaciones. Klinsky remarcó la confianza en esas entidades internacionales del Estado brasileño porque no están dirigidas por el Gobierno para tratar de beneficiar a miembros del oficialismo.

En el caso de la comisión legislativa gubernamental, se dio un plazo de 180 días para entregar un primer informe de su investigación a la Asamblea Plurinacional.

Cabe destacar que la información enviada desde Brasil es parte de la operación ‘Castillo de Arena’, por el que la Policía Federal, desde 2008, investigó a altos ejecutivos de Camargo Correa, que ejecutaba obras en 40 países de África, Asia y América Latina.

El tramo carretero Roboré - El Carmen inició sus trámites y la ejecución  en las gestiones de los expresidentes Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, pero fue concluido en 2009 durante la presidencia de Evo Morales.

La prensa brasileña asegura que ‘Lava Jato’ es la mayor operación en la lucha contra la corrupción en la historia de Brasil. Se han abierto denuncias contra empresarios y políticos y también han sido involucrados los expresidentes Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff.

Datos

• El expresidente Carlos Mesa admitió haber promulgado cuatro decretos para garantizar la realización de los tramos Roboré - El Carmen y El Carmen - Arroyo Concepción, que forman parte de la carretera Santa Cruz - Puerto Suárez. Mesa firmó los decretos supremos (DS) 27693 de 20 de agosto de 2004 y 27794 de 15 de Octubre de 2004, que instruían al Servicio Nacional de Caminos (SNC) licitar y suscribir el contrato para la construcción y supervisión de los tramos Roboré - El Carmen y El Carmen - Arroyo Concepción (233 Kms), con financiamiento del 80% provisto por las empresas proponentes y el 20% que debía ser gestionado por el Ministerio de Hacienda. Asimismo, firmó el DS 27982 del 18 de enero de 2004 y el DS 27997 del 1° de febrero de 2004, que aceptaban las condiciones de financiamiento de los proponentes y autorizaban al SNC a proseguir con el proceso de licitación de ambos tramos.

• El 27 de enero y el 14 de marzo de 2005, el SNC firmó los contratos para la construcción de los tramo Roboré - El Carmen, con el consorcio ARG -Camargo Correa; y el contrato para la construcción del tramo El Carmen-Arroyo Concepción con el consorcio IASA-Odebrecht, respectivamente.

• La constructora Queiroz Galvao se adjudicó en 2003 la construcción de la carretera Potosí – Tarija de 433 kilómetros. El proyecto se comenzó a ejecutar en 2004, se interrumpió en septiembre de 2007 y se reanudó en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, la brasileña no terminó la obra y en 2009 la cedió sin licitación a su coterránea OAS, que la concluyó en julio de 2013.

• En 2007 Queiroz Galvao logró un acuerdo para terminar una carretera de más de 400 millones de dólares, tras sufrir la rescisión de su contrato original por denuncias sobre la mala calidad de la obra, dijo el martes el Gobierno del presidente Evo Morales. El nuevo contrato “llave en mano” entre Queiroz Galvao y la estatal Administradora Boliviana de Caminos (ABC) fue firmado por Luiz Inácio Lula da Silva en una visita oficial.

* En el caso de la firma brasileña Odebrecht, la comisión especial del Legislativo analizará, primero, el operativo policial ‘Castillo de Arena’, en el que se menciona 17 veces a Bolivia y se da cuenta de las iniciales de tres personas que recibieron sobornos en el país. La diputada Susana Rivero (MAS) manifestó que la Policía Federal de Brasil y del Ministerio de Justicia de ese país, menciona 17 veces a Bolivia y puntualiza 3 códigos, iniciales: C Morales, GG SMC y CM. La legisladora forma parte de la entidad mixta legislativa que la pasada semana fue conformada para investigar los vínculos contractuales entre funcionarios del Estado y las empresas Odebrecht y Camargo Correa, vinculadas ambas a escándalos de corrupción en Latinoamérica, en la adjudicación de proyectos viales.

 

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