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Hilton Heredia García/ Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

El dragón chino se expande en el mundo y Bolivia no es la excepción. En la actualidad, existen 200 firmas de ese país trabajando en el territorio nacional, principalmente en carreteras. El tema complica a los ingenieros bolivianos pues consideran que los profesionales extranjeros e ilegales los están dejando sin fuentes de empleos.

El ingreso de técnicos, profesionales e incluso supuestos ‘piratas’ tiene la complicidad de autoridades gubernamentales de turno que obligados a aceptarlos por las condicionantes crediticias de China los dejan ejercer ilegalmente la profesión de ingeniero.

Así lo reveló el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) Marco Antonio Fuentes al diario digital Money.com.bo.

La SIB tiene clara la realidad. “Nosotros le damos la bienvenida a los extranjeros, sean de cualquier parte del mundo. Sin embargo, todos ellos deben cumplir las normativas, las leyes vigentes como se hace en todas partes del mundo. Lamentablemente, hoy en día a Bolivia ingresan los extranjeros de manera ilegal y hay una complicidad de los gobernantes de turno que no coadyuvan a las instituciones o no hacen cumplir la normativa”, aseveró el líder de los ingenieros.

Refirió que el sector está muy golpeado en el país, y que está ‘diezmado’ en las posibilidades de trabajo porque han sido fuertemente invadidos por ciudadanos chinos.

“En pleno siglo XXI estamos en retroceso, parece que hemos vuelto al siglo XVIII donde prima la privatización, los jefes, etc, esto se da principalmente en la ingeniería civil. Vienen empresas chinas y firman contratos multimillonarios en megaproyectos pues cumplen con las condicionantes que hay (todo chino). Los bolivianos quedamos como empleados. Las empresas chinas firman los contratos y mandan todo el staff principal de su país, los demás somos bolivianos”, agrega Fuentes.

Además complementa que la institución ha buscado soluciones a través de reuniones con el ministro de Obras Públicas, con el Presidente Evo Morales, con el vicepresidente y otras instancias gubernamentales tratando de hacerles notar el serio problema, pero no hay nada.

“Si bien entendemos que un país pobre como el nuestro tenga necesidades de suscribir convenios internacionales para que nos presten plata o para que nos financien a fondo perdido lo entendemos, pero estos acuerdos no deben afectar a los profesionales y a la ciudadanía”, apuntó.

La institución colegiada enfatiza también que tienen un relevamiento de que hay un buen número de personal chino, lo que es fácilmente detectable en el Sicoes y otros. Empero, el Gobierno no ha verificado si los funcionarios chinos cumplen los requisitos y normas legales.

Consideran que en este momento hay más de 200 empresas chinas trabajando en Bolivia. Un 80% de los megaproyectos son empresas extranjeras y de ellas la mayoría son chinas, ello debido a que la capacidad financiera de las firmas bolivianas no está al tamaño de las firmas extranjeras.

El directivo indica que la SIB va seguir trabajando como lo están haciendo hasta ahora y coadyuvando con los gobernantes de turno.

“Todas las carreteras del país que se ejecutan en el país están a cargo de empresas chinas. En el caso del Hub de carga en Santa Cruz también serán chinos; proyectos viales también. Los profesionales jóvenes están quedando relegados. La SIB está preocupada porque los megaproyectos de Bolivia están siendo ejecutados por empresas extranjeras que no tenemos la certeza de que sus profesionales son o no son idóneos para cada especialidad”, reiteró.

En este momento la SIB tiene 41.000 afiliados en todas las especialidades. La Paz tiene 13.000, Santa Cruz 8.000, Cochabamba 6.000 y el resto se divide entre los otros departamentos, es decir, son los que cumplen legalmente con la profesión de ingeniero.

También hay bolivianos que ejercen la ingeniería ilegalmente, no cumplen con la Ley.

“Nosotros hemos hecho un relevamiento desde el año 2000 de los ingenieros que han egresado de las universidades bolivianas y creemos que hay alrededor de unos 15.000 ingenieros bolivianos que están ejerciendo la profesión ilegalmente. Eso porque han salido de las universidades y no tienen su registro que establece la norma”, indicó.

La Ley 1449 instruye a la SIB la facultad de hacer el control del ejercicio profesional. ¿Qué significa? Que el estudiante que sale de las aulas, la Universidad le otorga un título académico, luego va a un proceso de documentación y el Estado le otorga un título en provisión nacional.

A partir de ahí la SIB verifica el título. Actualmente la tecnología permite plagio de títulos académicos, de currículum, etc.

La SIB tiene la obligatoriedad de hacer el control. La institución pide C.I, antecedentes penales, título académico, título en provisión nacional. Solo verifican la legalidad.

El artículo 3 de la Ley General del Trabajo señala que las empresas, nacionales o extranjeras, deben tener como máximo un 15 por ciento de personal extranjero.

Antecedentes

Ciudadanos chinos en Bolivia, 2015

En marzo de 2015, el embajador chino afirmó que había "aproximadamente 2.000 ciudadanos chinos en Bolivia, trabajando en minería, construcción y otros ámbitos".

Número de empresas chinas en Bolivia

El consejero Económico y Comercial de China en Bolivia, Yao Ming señalaba que en 2015 se contaba con 35 empresas trabajando en su mayoría en el sector de infraestructura, y a finales del 2016 estarían al menos 100 empresas.

- La mayor parte son filiales de las mayores corporaciones estatales chinas

- Trabajan en rubros vinculados a carreteras, puentes, ferrocarriles, centrales hidroeléctricas, telecomunicaciones (satélite) e importantes proyectos industriales. 

- Las empresas chinas se han adjudicado más de 25 proyectos en diferentes rubros estratégicos: carreteras, hidroeléctricas, ferrovías e industrias que en conjunto superan los 2.000 millones de dólares.

Informe revela abuso de dos empresas chinas

Un informe de la Defensoría del Pueblo establece que  al menos dos empresas chinas, la  Harzone Industry Corporation Ltda  y la Reilway que operan en Bolivia, cometen una serie de abusos contra trabajadores bolivianos vulnerando los derechos humanos, económicos y laborales.

La adjunta de la Defensoría del Pueblo, Nadia Cruz, explicó que: “se emitieron dos informes, el primero que se notificó el año pasado de la Harzone, que realiza el tramo Porvenir – Puerto Rico, y el segundo de la empresa Reilway , que realiza la construcción Rurrenabaque – Riberalta”.

En la primera, sobre la Harzone, indicó que la construcción de ese tramo cuenta con 25 trabajadores y no tienen  un seguro de salud, pese a que les pidieron documentación para su afiliación, a la fecha no les aseguraron.

“En el lugar de trabajo no existe una posta de salud o personal médico que pueda atender alguna contingencia médica que se presente, tampoco tienen un botiquín accesible al trabajador, ni seguro social obligatorio por riesgos profesionales”, dice un párrafo del informe al que accedió el portal Urgentebo.com.

Además, el reporte indica que Harzone Industry Corporation Ltda, si bien dota a sus trabajadores de indumentaria de trabajo, no todos cuentan “con botas de lluvia” y “ponchillos”.

 “Les exigen el uso diario de la vestimenta de trabajo y solamente les dieron una muda de ropa, no les informaron cada cuánto tiempo se les proporcionará la ropa como tampoco si es adquirida por la Empresa o será descontada de su salario”, añade  el informe.

El informe defensorial  también señala que: “La mayoría de los trabajadores no cuenta con contrato de trabajo, a la fecha se encuentran con un mes de sueldo atrasado; el pago no es puntual, no hay una fecha exacta para efectuarlo. Las personas que firmaron contrato, no tienen copia del mismo”.

Reilway

Respecto a la empresa china Reilway, encargada de la ejecución del tramo carretero Rurrenabaque – Riberalta,  Nadia Cruz, ratificó que  hay vulneraciones  contra los trabajadores bolivianos. La china no cumple con la asistencia médica, alimentación y seguridad social.

“Asimismo, respecto  al servicio de transporte, la empresa no cumple con ello, no lo realiza. Y no hay contratos laborales”, agregó la adjunta dela Defensoría del  Pueblo.

Los trabajadores bolivianos deben trabajar mucho más allá de las ocho horas  y no se les cumple con el pago “oportuno” de salarios. ”El horario es de 07.00 a 12.00  y de 13 a 18:00, incluso sábados”, dijo.

En el caso de la asistencia médica, Cruz, informó que deben ser los mismos trabajadores bolivianos que debe cancelar sus gastos médicos, porque no están afiliados alguna Caja de Salud. “Están a su suerte”,  manifestó.

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