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Walter Mur / Periodista

El jalón de orejas dado por el Presidente a sus ministros parece no ser suficiente. La baja ejecución presupuestaria —38% de lo planificado, a dos meses del cierre de gestión— desnuda una realidad lacerante: el sector público boliviano no sólo vive en medio de escándalos de corrupción, sino que ni siquiera puede hacer bien el único trabajo que realmente tiene: administrar con eficiencia la gestión de las políticas públicas.

Evo mismo lo ha dicho: muchos de sus ministros se lavan las manos y, en vez de enmendar rumbos, buscan apenas complacerle. La poca habilidad para ejecutar presupuestos, en todo caso, no es causa; es efecto. La capacidad institucional no llega del cielo, no se consigue dando trabajo a la militancia que uno tiene a mano. Se construye.

En la década de 1990 un estudio identificó que dos de cada tres funcionarios públicos perdían sus trabajos con cada cambio de gobierno y que apenas un tercio del personal había sido contratado por méritos. Una estrategia de reforma institucional buscó, entonces, crear un servicio civil profesional alejado del día a día de la política interna. Bolivia decidió que necesitaba una burocracia, sí, pero una "buena" burocracia: eficiente, de valor público, cuidadosa con las normas y entrenada para resguardar la aplicación de la ley. Todo eso ha sido desmantelado con los años.

Cuando el Presidente insinuó ayer a sus ministros evadir controles técnicos y jurídicos, lo que debió hacer en realidad es exigir que los fortalezcan. Los países más adelantados del mundo lo confirman: se puede tener un excelente servicio público sin dar las espaldas a la ley. Si uno se abstrae de los escandaletes de estas semanas, la sustancia queda a la vista: la ausencia de institucionalidad en Bolivia es dramática y ha dado lugar, hoy, a un descontrol absoluto. /Extraído del muro de Wálter Mur.

Análisis