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 Antonio Rocha Gallardo, PRESIDENTE CRDA SC

Sin dudar diría que la mejor forma de promover la informalidad y el contrabando es desinstitucionalizando todas las organizaciones dedicadas al control del comercio y la recaudación fiscal y estableciendo todas las restricciones posibles al comercio legal y las importaciones formales.

Mi sincera opinión es que en lo institucional las organizaciones recaudadoras como la Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos Nacionales, en la medida de sus posibilidades, han desarrollado un papel loable en la lucha contra el contrabando y la informalidad, lo que no es nada fácil en una economía donde dos terceras partes provienen de la informalidad y donde casi el 70% de su población económicamente activa no tiene un empleo formal y esta subsumido en el desempleo o el subempleo, en una economía de subsistencia.

Hoy por hoy la autocrítica debe estar centrada en las policitas públicas que restringen la formalidad y promueven la evasión fiscal y por tanto hacen aún más difícil la labor de las instituciones recaudadoras. Como para ejemplo bastaría un botón, me voy a referir a tres políticas públicas que no solo restringen las importaciones formales, sino que además desalientas la inversión y por tanto el empleo formal.

Desde el año 2014 a través del DS 1889 se amplió el alcance del Impuesto al Consumo Especifico (ICE) para vehículos, que por su naturaleza debería gravar a bienes suntuarios, de lujo o bebidas alcohólicas u otros bienes de este tipo, sin embargo erróneamente esta política alcanzo hasta a los bienes nuevos de capital y bienes industriales como los camiones grúas de alto tonelaje, camiones cisternas, camiones hormigoneros, los tracto camiones y los buses para transporte de larga distancia, siendo todos estos bienes de capital e inversión destinados al sector productivo y el transporte, que hoy además del Arancel y el IVA Importaciones deben pagar un ICE entre el 10% y 15%. Esto no solo desalienta la inversión, sino que además promueve la evasión tributaria aduanera.

Desde el año 2016 a través del DS 2865 se establecieron sendas restricciones a la importación de prendas de vestir, calzados y muebles de madera, con aranceles hasta del 40% y requisitos de Autorización Previa de Importación que se deben tramitar ante el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, estas restricciones han reducido drásticamente las importaciones formales de estos bienes que pagaban tributos aduaneros pero en contrapartida han incrementado la oferta de estos mismo bienes importados en los mercados informales y han provocado un masivo contrabando hormiga camuflado como equipaje acompañado que es prácticamente imposible de controlar en las fronteras y aeropuertos.

El ultimo botón de muestra. En julio pasado se acaba de aprobar el DS 3244, mediante el cual se establece una nueva Autorización Previa para la importación de todos los vehículos nuevos a partir del 2018, que la debe otorgar el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, dicha autorización estará sujeta a la certificación del fabricante sobre Emisiones Atmosféricas de los motorizados, en el supuesto afán de controlar el daño medio ambiental. Evidentemente que el propósito no parece ser el manifiesto, toda vez que esta certificación sobre el tipo de motor y emisión atmosférica que provoca viene dada por el fabricante en sus catálogos de marcas y modelos y simplemente bastaría con establecer una restricción general a la importación de vehículos con Emisiones Atmosféricas que estuvieran prohibidas en los Convenios de Protección del Medio Ambiente los cuales hayan sido ratificados por Bolivia.

En resumen, las prohibiciones, restricciones y sobre cagas tributarias, en ausencia de mecanismos efectivos de control, solo alientan la informalidad, la evasión y el contrabando.

 

 

Análisis