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Boris Santos Gómez Úzqueda, Máster en Administración de Empresas, analista de Energía.


 
 
Debe haber una total institucionalización de la estatal de petróleo y gas YPFB y de igual forma de los órganos del sistema: Agencia Nacional de Hidrocarburos y los niveles técnico-operativos del Ministerio de Energía y del Ministerio de Hidrocarburos. Lo propio debe pasar con la estatal de electricidad ENDE si queremos enfrentar los nuevos desafíos de un escenario energético altamente cambiante producto de los vaivenes del precio del barril de petróleo WTI que inciden –notablemente- en los precios del gas.
 
Los temas pendientes, para reposicionar a YPFB y a Bolivia son varios pero todos convergen en una premisa: buscar nuevas inversiones privadas en la cadena upstream/dowstream con nueva regulación de hidrocarburos y de electricidad.
Sigue pendiente el incentivo de inversiones de escala que provengan del sector privado internacional para exploración y modernización de la cadena de hidrocarburos y proyectos de escala de generación eléctrica alternativa.
 
Siempre dije que la ‘espalda’ del Estado boliviano es muy pequeña para proyectos tan grandes. Hasta Arabia Saudita, el mayor productor de crudo del mundo, está diversificando su generación de ingresos: quieren elaborar proyectos alternativos de energía y dejar de ser ‘adictos’ al crudo.
 
Solo a modo de mención, hay que recordar algunos datos: el
66% de las divisas que recibió Bolivia durante 2016 (2.864 millones de dólares) provino de las exportaciones de gas. El  tamaño e importancia del gas en la economía boliviana, cayó 45% a 1.503 millones de dólares (con datos de Banco Central de Bolivia) período 2015-2016).
 
En varios de los experimentos que estuvo haciendo el Poder Ejecutivo de Bolivia para atraer inversiones está la denominada Ley de Incentivos que administra recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación de Hidrocarburos (Pieeh) con recursos del IDH (impuestos sobre hidrocarburos que debe ser destinado a departamentos y municipios), de manera que los montos provenientes de las propias gobernaciones (gobiernos subnacionales) para actividad exploratoria no son ni remotamente suficientes.
 
Cualquier estudiante de Economía sabe que la industria exploratoria, de producción, de industrialización y de transporte de hidrocarburos requiere capitales intensivos, grandes volúmenes de capital y que solo se pueden apalancar de corporaciones, de bancos o de Estados poderosos.
 
Sigo insistiendo, junto a colegas ex secretarios y amigos del sector, parlamentarios, etc, en que se convoque un Consejo Nacional de Energía e Hidrocarburos y se cumpla la Ley de Desarrollo Sostenible, que fija que las reservas de gas y petróleo bolivianas deben ser certificadas anualmente.
 
La última certificación data de diciembre 2013 con un volumen de reservas probadas de 10,4 TCF (trillón de pies cúbicos). En 2009 se certificó, entonces, las reservas probadas con un volumen de 9,9 TCF.
Urge que capitales privados vengan a Bolivia, en el marco de incentivos y nuevas leyes sectoriales.

Análisis