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Antonio Rocha Gallardo/ Pdte. CRDA SC

Como “obsequio turco” le llego a los empresarios del país el desmedido incremento salarial, la obligación anticipada del doble aguinaldo, la Ley de empresas sociales y las modificaciones del Código Tributario en la Ley de Lucha contra el Contrabando que penalizan a los importadores por errores y omisiones no atribuibles a ellos.

Nuestra principal preocupación son las modificaciones planteada al Art. 155 del Código Tributario Boliviano que establece los agravantes por la comisión de ilícitos de contrabando, entre ellos la “reincidencia”, estableciendo que la reincidencia de un contrabando tipificado como contravención (de menor cuantía), se convierte en delito con sanción pecuniaria y penal.

El riesgo es que en una importación legal en la que se cumplen todas las formalidades aduaneras hasta llegar al recinto aduanero, se puede incurrir en contravención por contrabando por una acción totalmente ajena a la responsabilidad del importador y del despachante, tal el caso del envío de un suvenir, material promocional o suplementario, sin ningún valor comercial que no estuviera declarado específicamente se constituye en “contrabando de mercancía no declarada” lo que nos convierte en contrabandistas aun habiendo pagado todos los tributos aduaneros de lo declarado, y en caso de reincidencia puede convertirlos en delincuentes con pena de cárcel.

Por otro lado, el desmedido aumento salarial y el doble aguinaldo no solo encarecen los costos de las empresas formales, sino que atentan contra el empleo formal y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas en una economía desacelerada con un crecimiento basado esencialmente en el gasto público, el crecimiento de la deuda para inversión pública y ahora la esperada recuperación del precio del gas natural.

Lo que sin duda no se considera en el tratamiento del incremento salarial es que las empresas formales debemos contabilizar en los costos dieciséis (16) sueldos, incluyendo prima, indemnización más el doble aguinaldo, lo que representa más del 30% del costo efectivo del salario, si a esto le sumamos otros beneficios laborales como la vacación, bono de antigüedad, bonos de maternidad y lactancia para las mujeres y otros, el costo efectivo del salario se puede incrementar hasta en un 70%.

Por si fuera poco, a todo este escenario de enorme dificultad para hacer empresa, se suma ahora la Ley de Empresas Sociales que a título de preservar la fuente laboral del trabajador se puede convertir en un mecanismo de extorción al empleador y de expropiación de la propiedad privada, con el solo hecho de adeudar salarios o prestaciones sociales, que hasta pueden ser resultado de las mismas políticas económicas restrictivas, como la restricción a las exportaciones, el alto costo salarial, la inflexibilidad del tipo de cambio o el mismo control de precios.

En suma, hoy por hoy estas deseconomías que nos plantean las políticas públicas, nos pueden quebrar, expropiar el patrimonio y finalmente encarcelarnos.

 

Análisis