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Wálter Morales Carrasco, es Vice-Presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz.

En el último tiempo venimos observando señales y otros detalles de un entorno complejo para la economía, que paso revista rápida. El tercer dato de inflación negativa (deflación) en lo que va del año, un escenario no deseado que implica sobreoferta, afectación de precios, menores ganancias, incluso pérdidas, ajustes y desempleo, que tienden a convertirse en un círculo vicioso.

Déficits gemelos, del sector externo y de las finanzas públicas. Guardando relación, la imparable pérdida de reservas internacionales, necesarias con un tipo de cambio fijo, que no resulta competitivo y cuya corrección es compleja. También un crecimiento del PIB a la baja, que se mostró insuficiente, por segundo año consecutivo, para el anhelado (por unos) y temido (por otros) doble aguinaldo. Sumado a lo anterior, decisiones contrarias al orden jurídico y al voto popular, del que evitaremos la retórica y nos concentraremos en evidencia y estudios.

Los trabajos de los profesores Acemoglú y Robinson (2012), para demostrar la robusta significancia estadística de los factores institucionales en el desarrollo de los países resultan remarcables para considerar en este momento.

Cuando hablamos de institucionalidad, nos referimos a variables o metaíndices como democracia, libertades, credibilidad y respeto, que más allá de ser parte del ordenamiento jurídico, también tienen sentido humanístico obvio. A no ser que se tenga un conflicto de interés con el poder, nadie se debiera oponer, como agente económico, a contar con instituciones que aseguren cumplimiento de normas.

Es así que al empresario le interesa invertir cuantificando. Cuando la institucionalidad se daña, se generan distorsiones que afectan la evaluación no solo de riesgos, sino también de oportunidades. En tal sentido, se requiere estabilidad y que se precautelen los activos y el resultado de los emprendimientos, generando de esta manera los incentivos correctos para mayores apuestas en tecnología y recursos humanos. Sobre estos últimos, también una competencia con cumplimiento de reglas que promuevan que los trabajadores se capaciten, sean remunerados en función a su productividad y que sus derechos sean atendidos razonablemente, suma. El propio Estado requiere dicha institucionalidad para funcionar de manera efectiva, habida cuenta que también él es un monopolio en sí mismo y la evidencia sobre eficiencia no está a su favor.

La institucionalidad no es binaria, sino gradual y requiere un recorrido. Las reformas de inicios y mediados de nuestro último periodo democrático, que tanto sacrificio costaron para mejorar la gestión pública y la justicia, fueron un buen punto de partida. Sin embargo, entre los peores daños que se puede hacer a un país se encuentra la destrucción de la institucionalidad. No porque guste más o menos determinado color político, sino porque el problema luego se reduce a un asunto de incentivos, costos a asumir y oportunidades a perder para el actor que corresponda.

La Constitución es un contrato social al que todos nos debemos; pero los que dirigen, ademas inspirar respeto. Existen agentes que valoran el beneficio que obtendrán y/o el evitar riesgos cuando toman decisiones que tendrán repercusiones, en este caso de gran repudio. Sin embargo, debe existir un blindaje institucional y ético que coadyuve a asegurar que esa valoración sea hecha para el colectivo. Construirlo y protegerlo es tarea de todos.

 

Análisis