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La juez segundo de Instrucción en lo Penal, Wiat Belzu, resolvió otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, pero no podrá dejar la cárcel si no paga una fianza de 200.000 bolivianos, informó el jueves el abogado Milco Suaznabar.
 
"Una vez que se compulsaron antecedentes, la juez cautelar dispuso la cesación de detención preventiva por una detención domiciliaria, que implica que aún mantiene de alguna manera la privación de libertad", aclaró el jurista en rueda de prensa.

Achacollo, implicada en las irregularidades y desvío de recursos del disuelto ex Fondo Indígena, debe pagar una fianza de 200.000 bolivianos para dejar la cárcel de Miraflores de La Paz y cumplir con su detención domiciliaria en la ciudad de Montero, Santa Cruz.

Suaznabar explicó que la defensa logró desvirtuar riesgos procesales, peligro de fuga y obstaculización de las investigaciones, al acreditar el trabajo lícito de Achacollo como ganadera y agricultura, además de tener domicilio fijo.

Por esa razón, dijo que se emitió la resolución con medidas sustitutivas a la detención preventiva que cumple la exministra en la cárcel desde agosto de 2016.

Sin embargo, "existe la imposibilidad de conseguir el dinero para la fianza y será difícil que acceda al beneficio de la detención domiciliaria", agregó.

Por su parte, el diputado Quispe denunció que la decisión judicial "es un favoritismo político" del fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, porque casi durante dos años no presentó acusación formal.

Quispe anunció que en los próximos días presentará una querella penal contra el fiscal Blanco por incumplimiento de deberes, porque durante mucho tiempo, la comisión de fiscales no investigó nada ni presentó acusación en el caso del Fondo Indígena y la juez ha valorado esa situación y concedió la detención domiciliaria.

Adicionalmente observó la falta de idoneidad de Edwin Blanco para cumplir el cargo de Fiscal Departamental, porque para ser designado debió acreditar una experiencia de seis años de juez o fiscal y no reunía requisitos, además de que tenía una denuncia por violencia familiar y debido a sus influencias logró hacer anular el antecedente penal. 

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