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La directora del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Beatriz Yuque, reportó este viernes que en el departamento de Santa Cruz hay más de 100.000 hectáreas avasalladas y que se tomarán las acciones para desalojarlas a la brevedad posible. Empero, no fijó fecha. Los productores piden acciones inmediatas.
 "Son más de 100.000 hectáreas avasalladas de las cuales se están tomando las acciones correspondientes. El INRA tiene la obligación de hacer las medidas precautorias y hacerlas cumplir y será rígido al respecto", manifestó.

 Explicó que las tierras avasalladas "son fiscales y no fiscales", por ciudadanos extranjeros como por comunidades a quienes se les ha emitido las intimaciones correspondientes, con plazos perentorios que deben ser cumplidos, "caso contrario se recurrirá a la fuerza pública".

 Conminó a las comunidades que carecen de tierras seguir los procedimientos legales para que puedan ser dotadas de terrenos en el marco legal.

 Yuque pidió, también, al Órgano Judicial y al Ministerio Público asumir su obligación para tomar las acciones que demandan las normas penales y sancionar con cárcel a los avasalladores.

 Según datos del INRA, de 176 propiedades avasalladas e Santa Cruz, se redujo a menos de 30.

 Por su lado, el sector ganadero alertó que hay más de una treintena de propiedades situadas en varias zonas del departamento de Santa Cruz han sido tomadas por cientos de familias afectando la producción y poniendo en riesgo la seguridad jurídica de la tierra.

 Así lo denunció en junio la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios (Asppa) que revelaron serios problemas en municipios como Pailón, Paurito, San José de Chiquitos, El Puente, Guarayos, Minero, El Torno, San Carlos, la provincia Germán Busch, etc.

 Los datos reflejan la preocupación del sector, pues si bien el año pasado se registró entre 9 y 16 denuncias de propiedades en conflicto, ahora la cifra asciende a 31, además de supuestamente 170 casos de ocupaciones ilegales de tierras fiscales.

 En ese sentido, José Luis Vaca, presidente de Fegasacruz, pidió al Ministerio de Gobierno, al INRA, y la Policía nacional que tomen acciones directas e inmediatas contra estos grupos.

 “Pedimos a la Fiscalía y jueces intervenir, que hagamos una fuerza común para dar viabilidad a este país. Pedimos seguridad jurídica. Deben endurecerse las penas contra los ‘toma tierra’. Aquí se está afectando a los niveles de producción del país. Nosotros hemos asumido dar seguridad alimentaria al país, pero con esta toma ilegal está en riesgo. Aquí hay mafias organizadas. Le tomo la palabra a las autoridades”, dijo Vaca en esa oportunidad.

 Por su lado, Adrián Castedo, presidente de Asppa, si bien destacó el trabajo conjunto con el INRA, no obstante, dijo que hay demora en su accionar. "Aún hay 33 predios ocupados ilegalmente y otros que no han sido registrados ante el INRA. Le hemos mostrado pruebas a la directora del INRA de dirigentes que avasallan propiedades reunidos con gente del INRA, esperamos que tome cartas en el asunto", indicó al tiempo de señalar que volverán a reunirse el 13 de octubre.

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