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Tras cinco años de vía crucis por el robo de 600 cabezas de ganado en la hacienda Paso de los Toros en Puerto Suárez, el ganadero Óscar Fidel Tarabillo por fin logra salir victorioso en un proceso judicial. Empero, el ganado valorado en unos $us 300.000 desapareció como arte de magia y hasta la fecha no hay ni un detenido pese a la sentencia de los jueces Juan José Gutiérrez, Wálter Méndez y Fernando Ulloa contra el acusado Juan Cuéllar Zeballos.

La justicia determinó que el acusado es autor del delito de abigeato, previsto y sancionado por el artículo 350 del código penal boliviano, condenándolo a cumplir la pena de tres años de reclusión en el Centro de Rehabilitación de Palmasola de Santa Cruz. No obstante, Cuéllar está prófugo. Lo peor de todo es que de las 600 cabezas solo se han encontrado 70, las cuales están bajo custodia en una propiedad ubicada en un pantano. 

Money.com.bo tuvo acceso a la sentencia en la que se determina que el acusado debe cumplir con una pena de tres años, es decir, hasta el 2020. Hasta antes del día miércoles Cuéllar se presentó con normalidad, pero el día de la lectura del fallo no apareció y hasta ahora se desconoce su paradero.

En ese marco, desde el año pasado, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), José Luis Vaca viene denunciando sendos robo de ganado en San Matías, Puerto Suárez y otras provincias, pero la ola delictiva sigue. 

En la oportunidad se admitió que se trata de mafias organizadas que hacen uso de armas de fuego para amedrentar a los trabajadores y dueños. 

El titular de Fegasacruz informó que las pérdidas anuales por abigeato están entre $us 4 y 5 millones y que cada res tiene un precio aproximado de entre 400 y 500 dólares, por lo que la situación en la frontera con Brasil es más que alarmante.

Al respecto el jurista Juan Pablo Peña, Máster en Derecho Civil, dijo que el abigeato es un delito punible en muchas legislaciones, persiguiendo el robo o hurto de ganado o animales domésticos como conducta tipo del hecho penal.

Afirma que la legislación penal boliviana no es la excepción y aún que resulta ser más estricta la definición del tipo penal perseguido, al sancionar el apoderamiento y/o el apropiamiento, como hecho nuclear, según se establece en el Art. 350 del Código Penal y el Art. 6, 7 y 8 de la Ley Nº 80, no es suficiente para frenar la actividad delictiva.

"Considerando la inminente subida del kilo de carne bovina, ante la creciente demanda y la irrelevante sanción establecida como cuantum de la pena, que no sobrepasa los 3 años detención, lo cual beneficiaria al condenado con alguna salida alternativa, la retardación de justicia y el tiempo que demora para recuperar y resarcir el daño causado a la víctima, la mayoría de las denuncias o imputación, concluyen en rechazo o sobreseimiento y la impunidad en favor del supuesto autor, gracias a la ausencia material del Estado para combatir las innumerables cuadrillas que encontraron en el abigeato, un efectivo negocio, recaudando la suma de Bs.- 2000.00 aproximadamente, por animal degollado o vendido vivo, resultando esta actividad más efectiva que el tráfico de drogas", dijo.

Agrega que en pueblos que comprenden la faja fronteriza, la ilegal actividad, confiere cierto estatus y renombre a sus autores, quienes al igual como lo haría un forajido héroe del folklore inglés medieval, comparten el botín con la comunidad, ganando así su respeto y protección, facilitando la actividad para llegar al límite geográfico y exportar ilegalmente los animales objeto del hecho delictivo, donde el precio del kilo de carne puede duplicarse.

"Esta actividad perforó los controles de la administración pública, reclutando en muchos casos, a funcionarios que tienen como deber, la sanidad y salubridad de los alimentos, pero resultan tentados por el lucro ilícito. Ante la eminente promulgación del nuevo sistema penal, no promete nada nuevo o algún medio efectivo que proteja jurídicamente al ganadero, amparado en el silencio de sus representantes", enfatizó.

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